Compró zapatillas, quiso cambiarlas y la cadena se negó: ahora deberá pagar una fortuna

Una clienta de San Pedro compró unas zapatillas para regalar, preguntó si podía cambiarlas y le dijeron que sí. Pero cuando volvió al local, se encontró con una negativa. La historia terminó con una multa de $10 millones y el embargo de una cuenta bancaria de la empresa Open Sports.

La directora de la OMIC, Sabrina Utreras Montes, confirmó la medida y explicó los detalles del caso que sienta un precedente en la defensa del consumidor.

¿Qué pasó con las zapatillas?

Todo comenzó en julio de 2023, cuando una vecina de San Pedro pagó $33.999 por un par de zapatillas. Antes de comprar, consultó si podía cambiarlas si el talle no era el correcto y recibió una respuesta afirmativa. Sin embargo, al regresar al local, los empleados le dijeron que el calzado ya había sido usado y rechazaron el cambio.

La consumidora no se quedó de brazos cruzados y recurrió a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que activó el protocolo de la Ley de Defensa del Consumidor.

Cuatro intimaciones sin respuesta

Según relató Utreras Montes, la empresa fue notificada en cuatro oportunidades mediante carta documento: primero para una conciliación, luego con una segunda intimación y finalmente durante el proceso sancionatorio. En ninguna de esas instancias, Open Sports respondió.

Ante el silencio, el Juzgado Municipal de Faltas impuso una multa de $10 millones, equivalente a 30 salarios mínimos, y ordenó pagar $400.000 a la denunciante como daño directo, el valor actualizado del mismo modelo de zapatillas.

El embargo que nadie esperaba

Como la empresa tampoco abonó la multa, el Municipio inició la ejecución por vía de apremio a través de la Asesoría Letrada. El proceso culminó con el embargo de una cuenta bancaria de la firma, una medida que se conoció en las últimas horas.

Utreras Montes destacó que este caso es un ejemplo de la importancia de sostener los reclamos hasta el final. "Muchas veces las empresas no responden las notificaciones y recién toman dimensión del conflicto cuando se inicia la ejecución judicial", señaló.

La funcionaria recordó que la resolución administrativa solo podía ser cuestionada mediante una demanda ante la Justicia Contencioso Administrativa, pero la empresa nunca utilizó esa vía, dejando firme la sanción.