Compró el piso hace 8 años y ahora la Justicia la dejó en la calle: quién es el dueño

La muerte de Maricarmen Abascal, a solo dos semanas de haber sido desalojada de su casa en Madrid, encendió la mecha de un conflicto que España ya no puede esconder. Con alquileres en máximos históricos y unas 70.000 órdenes de desalojo reactivadas, el presidente Pedro Sánchez salió a fijar postura y a repartir responsabilidades.

El Ejecutivo aprobó un paquete de medidas de emergencia en materia de vivienda, luego de disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La normativa, según Sánchez, "pone pie en pared a los fondos buitre" y "carga solo contra aquellos que consideran la vivienda como un objeto mercantil más para poder especular con él".

El caso que desnudó el negocio

El caso de Abascal se convirtió en el símbolo del malestar social. Detrás de su desalojo no hay un gigante financiero internacional, sino Urbagestión, una consultora madrileña de apenas ocho empleados, propiedad de dos hermanos.

Según el Colegio de Registradores, la firma registró un beneficio neto de apenas 2.990 euros el año pasado y tiene solo dos propiedades a su nombre. Sin embargo, tras comprar el piso de Abascal hace ocho años, elevó el alquiler mensual de 570 a 1.650 euros, un monto que superaba la pensión de la jubilada, según el sindicato de inquilinos que la representaba.

La empresa llevó a la mujer a los tribunales después de detectar que su contrato de renta antigua había caducado, de acuerdo con los documentos judiciales del caso. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no dudó en calificarla: "Urbagestión en puridad quizá no fuera un fondo, pero es una pyme buitre, muy carroñera".

Qué son los fondos buitre y por qué el debate se amplió

El término "fondos buitre" se instaló en el vocabulario español durante la crisis de 2008-2014. Aludía a los fondos de capital riesgo y a las instituciones financieras que compraban viviendas de renta antigua o protegida para disparar el precio de los alquileres.

Pero la realidad del mercado es otra: las empresas apenas controlan el 8% del mercado de alquiler español, según el Banco de España. La nueva normativa del Gobierno extendió su regulación a todo tenedor con fines de lucro, alcanzando de lleno a los pequeños propietarios, que son los verdaderos dueños de la mayor parte del parque de viviendas, según el analista inmobiliario Fernando Rodríguez de Acuña.

"(Que) cualquiera (...) se beneficie en el mercado es lógico. Si no, no te metes en el mercado", señaló el especialista.

Qué cambia con los nuevos decretos

El Gobierno intentó definir y regular los fondos buitre por primera vez en una ley de vivienda de 2023, que limitaba las actividades de los "grandes propietarios": personas o empresas con diez o más inmuebles. Los decretos publicados este mes ajustaron los parámetros para incluir también a quienes posean cinco o más inmuebles en zonas declaradas con escasez de vivienda.

A partir de ahora, estos propietarios tienen prohibido adquirir inmuebles por un valor inferior al 70% de su precio de mercado. La legislación va más allá: prohíbe que los dueños de más de dos inmuebles desalojen a sus inquilinos hasta 2030 e impone a todos los arrendadores la obligación de aplicar prórrogas automáticas en los contratos y mantener congelados los precios de los alquileres.

La polémica que tocó al propio oficialismo

El debate por el concepto de "fondo buitre" provocó la renuncia de la portavoz parlamentaria del PSOE, Montse Mínguez, después de que se revelara que su esposo posee una inmobiliaria con 30 pisos que ejecutó desalojos.

Frente a las críticas en Antena 3, la dirigente diferenció la firma familiar de los fondos especulativos, a los que definió como "capital extranjero que compra inmuebles para expulsar vecinos y destinarlos al alquiler turístico". "Lo único que estamos diciendo es que no se puede ir a la yugular, a la especulación, ni a los fondos buitres", sostuvo.

Más desahucios y otra víctima fatal

Los desalojos aumentaron desde marzo, cuando expiró la ley de la era pandémica destinada a proteger a los inquilinos vulnerables. Según el Sindicato de Inquilinas, la falta de prórroga de esa normativa reactivó unas 70.000 órdenes de desalojo en todo el país.

Olga Matute se quitó la vida el 7 de septiembre, después de haber sido desahuciada en abril. Su caso llevaba pendiente desde 2020, cuando una entidad bancaria vendió su vivienda a un fondo de inversión que se negó a aceptar una reducción del alquiler.

Un comunicado de diversos colectivos sociales, entre ellos el Sindicato de Inquilinas, advirtió que las nuevas medidas alcanzan a casi 5 millones de personas, de las cuales 122.683 se encuentran en riesgo inminente de desahucio.

La preocupación de los pequeños inversores

Casi la mitad del parque de viviendas en alquiler en España pertenece a propietarios de una sola vivienda, mientras que los grandes tenedores representan solo el 3,6% del mercado en manos de particulares, según un estudio de EsadeEcPo.

En paralelo, los fondos de capital riesgo extranjeros reducen su exposición al sector residencial español: Blackstone, por ejemplo, achicó su cartera a 12.000 inmuebles, muy lejos del pico de 40.000 que alcanzó en 2017.

"El mercado no está en manos de grandes fondos, está en manos de pequeños inversores. Entonces, ahora todos los pequeños inversores son los que tienen que soportar toda esa carga", concluyó Rodríguez de Acuña.