Compraron un terreno frente al río Limay y hoy viven allí más de 100 familias: la Justicia debe decidir

Un vecino de Neuquén y sus hijos llevan casi una década reclamando la restitución de un terreno frente al río Limay que adquirieron en una subasta judicial y que hoy está ocupado por más de 100 familias. El lugar, conocido como “La Chanchería”, era una antigua cantera a metros del río, pero con las obras del Paseo Costero quedó en una zona privilegiada de la capital.

El predio, ubicado entre el club Unipol y la rotonda de la calle Obrero Argentino, fue cedido en su momento por los dueños anteriores a cinco lugareños que criaban chanchos entre los humedales. Con el tiempo, el asentamiento bautizado “Barrio Orillas del Limay” creció hasta albergar a más de un centenar de familias, y hasta se instalaron kioscos y puestos de choripanes para los turistas que recorren el Paseo Costero.

Pese a la vista privilegiada al río, los ocupantes viven en condiciones de vulnerabilidad: no tienen acceso a servicios básicos, el asfalto ni la recolección de residuos, y dependen de conexiones clandestinas a la red eléctrica que los exponen a un riesgo permanente.

Un proceso judicial que se extiende

Fernando Alric y sus hijos Claudio Javier y Pablo Adrián compraron el inmueble el 25 de noviembre de 2015, en una subasta judicial dentro de la sucesión de la familia Corsino, que administraba allí una cantera. La operación recién se aprobó en mayo de 2019, cuando pagaron el precio y el terreno quedó registrado a su nombre.

En ese momento, los habitantes aseguraron que llevaban años viviendo en el lugar y que el anterior titular, Pedro Rogelio Corsino, les había permitido ocuparlo a modo de préstamo. Pero una vez extinguida esa autorización, los nuevos dueños pidieron la restitución del predio.

La demanda de desalojo se presentó en noviembre de 2020. Para entonces, el barrio ya no era el mismo: en lugar de las cinco familias de crianceros, había 21 viviendas y 25 familias asentadas, con movimientos de suelos y subdivisiones informales de lotes.

En 2021, la Justicia ordenó a los ocupantes abstenerse de realizar nuevas construcciones o mejoras, para evitar que el crecimiento de la ocupación volviera ilusoria una futura sentencia. Sin embargo, los Alric denunciaron en reiteradas oportunidades que esa prohibición fue ignorada.

Según el abogado de los propietarios, Pablo Valenzuela, desde diciembre de 2023 se reportaron rellenos con basura y escombros que afectaron lagunas y humedales naturales. El 27 de marzo de 2025, la familia presentó una denuncia específica por el “grave, persistente y sistemático incumplimiento” de la medida cautelar.

¿Por qué no avanza el desalojo?

En 2024, algunos demandados pidieron suspender el proceso porque el sector fue incorporado al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). La certificación judicial indicaba que allí vivían 13 familias, aunque esa cifra corresponde a un relevamiento administrativo que no refleja la magnitud real de la ocupación: se estima que hoy podrían ser unas 200 familias.

La Cámara de Apelaciones ordenó que el juicio continúe y aclaró que la Ley 27.453 solo permite analizar una suspensión temporal del desalojo, pero no impide que se dicte sentencia definitiva. Aun así, la causa avanzó entre notificaciones, contestaciones y producción de pruebas, sin novedades concretas para los propietarios.

“Después de casi seis años de proceso, lo que pedimos es que se dicte sentencia. No existe actualmente una orden de lanzamiento. Todos los ocupantes tuvieron la posibilidad de presentarse, contar con asistencia jurídica, ejercer sus defensas y ofrecer prueba”, expresó Valenzuela a LM Neuquén.

“Reconocemos que existe una problemática social y habitacional, pero no puede resolverse permitiendo que continúen ocupándose, subdividiéndose o comercializándose informalmente tierras privadas. La obligación de brindar soluciones habitacionales corresponde al Estado y no puede trasladarse exclusivamente a propietarios particulares”, agregó.

Mientras tanto, las familias siguen llegando al barrio y las denuncias por nuevas construcciones, cesiones informales y daños ambientales se acumulan. Los Alric reclaman que, después de casi seis años, la Justicia concluya el proceso y dicte una sentencia que ponga fin a una disputa que ya no es solo por un terreno, sino por el futuro de un centenar de hogares en una zona cada vez más codiciada de Neuquén.