Compraron su lote en el Gran Rosario y hoy están endeudados y sin casa: 1.200 familias reclaman en el Concejo

La comisión de Planeamiento del Concejo Municipal de Rosario recibió esta semana a una decena de compradores de lotes del Grupo Roma que denunciaron incumplimientos en los plazos contractuales y pidieron respuestas a los ediles. Según los testimonios, entre 800 y 1.200 familias estarían afectadas por el conflicto, que involucra emprendimientos en distintas localidades del Gran Rosario.

"Nosotros no compramos un campo, compramos un desarrollo urbanístico", planteó durante la reunión María Laura Rosa, vecina del barrio Tiro Suizo que adquirió un terreno en Pueblo Esther. "Estamos haciendo las denuncias porque no se cumplieron los plazos contractuales. Queremos soluciones", agregó.

Un reclamo con historias de deuda y alquiler

Los relatos que se escucharon en la audiencia mostraron un entramado económico delicado detrás de cada expediente. Varios compradores admitieron haber vendido sus autos o tomado créditos para pagar los lotes. Otros siguen pagando alquiler mientras esperan mudarse. También hay familias que recibieron una posesión precaria y pudieron iniciar obras, aunque todavía no tienen las condiciones mínimas para habitar.

En algunos casos, el proyecto original no era solo construir una vivienda: también planeaban instalar un consultorio o desarrollar una actividad profesional que quedó congelada por la falta de avances.

Los problemas, loteo por loteo

La concejala Fernanda Gigliani, presidenta de la comisión de Planeamiento, explicó que las dificultades varían según el emprendimiento, pero identificó un denominador común: los incumplimientos que los compradores atribuyen al grupo desarrollador.

"Hay loteos en donde supuestamente fueron habilitados a construir, pero ahora no les permiten habitar esas casas. Después hay otros que fueron frenados por la Provincia por no tener autorizaciones de las áreas correspondientes, algunos por estar en zonas inundables, otro porque tiene un cable de alta tensión de la EPE que atraviesa el lugar", enumeró la concejala.

De acuerdo con los testimonios, hubo emprendimientos que directamente fueron cancelados. Los compradores también cuestionaron las respuestas que recibieron durante estos años: según plantearon ante los ediles, la empresa atribuye las dificultades a organismos provinciales, municipios o empresas de servicios.

"La empresa le echa la culpa a la Provincia, a la EPE, a los municipios; todos sus incumplimientos se deben a áreas estatales", resumió Gigliani.

La edila agregó que los damnificados pusieron el foco en los controles previos a la comercialización: "Lo que plantean los vecinos, con total razonabilidad, es cómo puede ser que se permitió la comercialización de lotes sin la debida autorización".

Antes del Concejo, ya había habido protestas

El conflicto no es nuevo. Durante 2025 y 2026 hubo reclamos públicos. En septiembre, familias de distintas localidades se movilizaron hasta las oficinas comerciales de Grupo Roma en Puerto Norte para exigir por lotes y locales que, según denunciaron, habían sido pagados pero nunca entregados.

Para los damnificados, la gravedad del caso pasa porque la mayoría no compró como inversión, sino con la expectativa de levantar allí su primera vivienda.

"Son dos casos muy parecidos", dijo Gigliani al comparar la situación con el conflicto de Bauen-Pilay. "La mayoría tenían la expectativa de acceder a su primera vivienda. Están dejando una camada de damnificados y es gente que quedó endeudada, que vendió autos y sacó créditos para poder pagar el lote, al mismo tiempo que sigue pagando un alquiler. Es una situación muy preocupante", describió.

Las limitaciones del Concejo para intervenir

Uno de los puntos centrales del debate es que ninguno de los desarrollos cuestionados está dentro del municipio de Rosario. Grupo Roma tiene oficinas comerciales en la ciudad, pero las autorizaciones y habilitaciones urbanísticas corresponden a las jurisdicciones donde se emplazan los loteos. A eso se suman certificaciones y factibilidades —entre ellas las vinculadas con recursos hídricos y cuestiones ambientales— que dependen de organismos provinciales.

Ese esquema complica cualquier intervención directa del Concejo rosarino. Una eventual solución requiere, según se planteó en la reunión, la participación de municipios y comunas del Gran Rosario, organismos provinciales y empresas de servicios públicos, de acuerdo con el problema particular de cada urbanización.

El concejal Juan Monteverde calificó el caso como una "estafa masiva contra rosarinos" y propuso avanzar con la clausura de las oficinas de la firma en Rosario, además de crear un espacio institucional de seguimiento. La propuesta abrió una discusión sobre las facultades del municipio: que una empresa tenga una oficina comercial habilitada en Rosario no significa que la ciudad pueda intervenir sobre urbanizaciones ubicadas en otras localidades.

El pedido para frenar la venta de nuevos lotes

Durante la audiencia tomó fuerza otro reclamo: evitar que la comercialización continúe mientras persista el conflicto. Gigliani sostuvo que la empresa sigue ofreciendo los desarrollos desde su sede de Puerto Norte. "Hasta el día de hoy siguen comercializando estos lotes en la oficina de Puerto Norte e incluso siguen teniendo cartelería con publicidades", afirmó. "Es algo que se debe frenar", agregó.

La posibilidad de clausurar la oficina comercial estuvo presente, aunque volvió a aparecer el interrogante sobre qué herramientas jurídicas tiene el municipio para actuar sobre operaciones vinculadas con loteos ubicados fuera de Rosario.

Los antecedentes: suspensiones provinciales en 2024

Los reclamos de los compradores tienen respaldo administrativo. En 2024, el Gobierno de Santa Fe dispuso la suspensión de obras en varios desarrollos inmobiliarios que no contaban con la documentación requerida. Entre ellos estaban El Naranjo, en Ibarlucea; Orígenes, en Soldini; y Comunidad Evolutiva, en Pueblo Esther, todos vinculados con Grupo Roma. Después, una medida similar alcanzó a Campo Madero, en Ibarlucea.

Las actuaciones se relacionaron con la falta de autorizaciones provinciales, entre ellas las hídricas y ambientales. La realidad, sin embargo, no es idéntica en todos los emprendimientos. Comunidad Evolutiva, en Pueblo Esther, aparece entre los proyectos que los propios compradores consideran más avanzados: según la información publicada por la desarrolladora, contempla agua potable, red cloacal, gas, energía eléctrica, alumbrado y pavimento.

Los damnificados insisten en que cada urbanización debe analizarse por separado porque los obstáculos no son los mismos.