Compraron seis departamentos en Asunción: la nueva imputación que complica al exsenador Kueider

La Fiscalía de Paraguay imputó al exsenador Edgardo Kueider por presunto lavado de activos a través de la compra de seis departamentos y seis cocheras en Asunción, valuados en 480.000 dólares. La acusación señala que el dinero tendría origen ilícito vinculado a casos de corrupción en Argentina.

La imputación, presentada por las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez, fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos. Además de Kueider, alcanza a su secretaria Iara Guinsel y a dos ciudadanos paraguayos.

¿Por qué no pudieron comprar directamente?

Según la investigación, Kueider y Guinsel intentaron adquirir las propiedades de forma directa, pero no lograron acreditar ante la inmobiliaria el origen lícito de los fondos. Ante el rechazo, entre octubre y noviembre de 2024, una empresa integrada por los dos intermediarios paraguayos concretó la compra del edificio en la capital paraguaya. Los fiscales sostienen que se trata de una maniobra de lavado de activos en el rubro inmobiliario.

Detención y causas en ambos países

Kueider se encuentra bajo prisión domiciliaria en Paraguay desde diciembre de 2024, tras ser detenido en el Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu (Brasil). En esa ocasión, las autoridades le secuestraron más de 211.000 dólares, además de guaraníes y pesos argentinos, que llevaba sin declarar en una camioneta.

Desde entonces, el exlegislador y su secretaria permanecen en Paraguay. La investigación reveló que ambos realizaron múltiples ingresos al país como turistas, introduciendo divisas en efectivo sin declarar.

En Argentina, Kueider enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito y vinculación con el cobro de sobornos durante el período 2017-2019, cuando era director de la empresa estatal Enersa, en Entre Ríos. Tras su detención en Paraguay, la Cámara de Senadores lo expulsó por “inhabilidad moral”.

La nueva imputación en Paraguay se suma a la causa por tentativa de contrabando de divisas que ya tramita en ese país. Los fiscales locales sostienen que los fondos utilizados para la compra de las propiedades provendrían de actividades ilícitas cometidas en territorio argentino.