Comodoro tiene $21.960 millones quietos en un plazo fijo: qué dice el número que incomoda al oficialismo

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia cerró 2025 con $21.960 millones colocados a plazo fijo, de acuerdo con la Cuenta General del Ejercicio con fecha de corte al 31 de diciembre, que ya está en el Concejo Deliberante para su aprobación. Detrás de esa cifra aparece una herramienta central de la gestión de Othar Macharashvili: conservar una reserva de capital y obtener rendimientos que ayuden a sostener el funcionamiento municipal.

La estrategia, sin embargo, convive con una presión que no afloja sobre las cuentas locales. El municipio debe bancar servicios cada vez más caros, como el transporte público y la recolección de residuos, y además hacerse cargo de obras que quedaron sin respaldo de Nación. En agosto, una ampliación presupuestaria de $25.000 millones obligó a reordenar partidas, reforzar esos servicios y recortar créditos para obras y equipamiento.

La reserva, de todos modos, resulta envidiable para muchas administraciones municipales del país, no solo de Chubut. Los ingresos petroleros todavía le dan a Comodoro un margen financiero diferencial, incluso en una cuenca San Jorge que atraviesa una reconfiguración productiva y menor actividad. Pero el saldo de un plazo fijo no alcanza, por sí solo, para medir la solidez de las cuentas ni el resultado de una gestión: lo que importa es la capacidad de convertir esos recursos en infraestructura.

De dónde salió el dinero y cuánto rinde

El documento oficial permite reconstruir el origen de los fondos depositados. De los $21.960 millones registrados al cierre de 2025, $9.500 millones correspondían a regalías adicionales de uno de los contratos petroleros renegociado en 2013; otros $9.000 millones, a Reparación Histórica Hidrocarburífera; $2.800 millones, al Programa de Asistencia Financiera; $630 millones, al acuerdo transaccional con YPF, y $30 millones, a un convenio de ejecución de obra. La composición importa porque no todos esos recursos tienen el mismo grado de disponibilidad: una parte está atada a acuerdos y programas hidrocarburíferos cuyos destinos deben asignarse exclusivamente a obras de infraestructura.

Hay otro número que dimensiona el peso de la colocación financiera. El presupuesto de 2026 contempló $14.857 millones en la partida de “rentas de la propiedad e intereses”, dentro de los ingresos corrientes de Rentas Generales. Es decir, la administración no solo preservó un capital considerable al cierre del ejercicio anterior: también sumó al cálculo de sus recursos de este año una renta adicional generada por los intereses de aquel fondo, para financiar el funcionamiento general del municipio.

Aunque el dato del plazo fijo corresponde a diciembre del año pasado, fuentes que siguen de cerca el tema confiaron en que el monto se mantuvo a lo largo de este año, al menos en su mayor parte, ya que el fondo se renueva anualmente, si bien con mermas en los últimos períodos. Esta nota consultó a la Secretaría de Economía por el saldo actual del fondo de ahorro municipal, pero no hubo respuesta.

La doble cara de las cuentas: menos impuestos, más petróleo

La situación financiera del municipio tiene dos caras. Por un lado, una merma en la recaudación de impuestos, que se reflejó en la emergencia administrativa prorrogada hasta el 31 de octubre. Por el otro, un precio internacional del petróleo que se fue muy por encima de lo previsto para este año.

La combinación de ambos factores llevó a ampliar el gasto en $25.000 millones en agosto. Para eso no hizo falta descapitalizar el fondo constituido en el plazo fijo: se sumaron ingresos adicionales del petróleo por unos $17.500 millones, más otros $7.500 millones que el municipio aspira a recuperar mediante el plan de facilidades de pagos para vecinos y empresas que adeudan impuestos.

La estrategia preserva el capital y usa la renta de los intereses para obligaciones de caja, pero deja abierto otro interrogante: qué capacidad de inversión representa hoy ese dinero y cómo se relaciona con las necesidades de infraestructura de la ciudad. La pregunta circula en los pasillos del Concejo Deliberante, incluso entre voces del propio espacio político del intendente: “¿De qué sirve seguir guardando plata en plazo fijo, si la partida de obra pública sigue con baja ejecución?”. Ese planteo, escuchado con frecuencia, tendría una respuesta oficial en la ejecución presupuestaria ingresada días atrás.

Más subsidios para los servicios, menos margen para las obras

La ampliación presupuestaria aprobada en agosto expuso las prioridades de la administración frente al aumento de los costos operativos. De los $25.000 millones incorporados, $11.000 millones se destinaron al transporte público de pasajeros y otros $9.000 millones a la recolección de residuos y la higiene urbana. Juntas, ambas prestaciones concentraron $20.000 millones de la ampliación. También se reforzaron las transferencias a entes municipales, entre otros movimientos.

Si se suman los montos que ya estaban previstos para el año, con $23.000 y $36.000 millones respectivamente, ambas partidas terminan elevándose a $79.000 millones, lo que representa un 24% del total de gastos del municipio para este año, que ascenderá a $330.000 millones.

Sostener esos servicios tiene consecuencias inmediatas sobre la vida cotidiana. Pero el peso de los subsidios también abre una discusión sobre la distribución de los recursos: cuánto debe aportar el presupuesto para evitar mayores aumentos tarifarios y sostener los contratos, y cuánto margen queda para financiar obras. La readecuación incluyó una reducción de partidas de capital frente a mayores necesidades de gastos corrientes: cuando hubo que ampliar el gasto, el reordenamiento priorizó servicios y transferencias, con una reducción de casi $2.000 millones para obras y equipamiento. Todo eso se hizo manteniendo el plazo fijo y los intereses previstos para este año.

El Camino Petrolero, la obra que Nación dejó sin financiamiento

El Camino Petrolero es un caso concreto para seguir esa relación entre financiamiento y ejecución. La obra, denominada Avenida de Circunvalación, había sido adjudicada originalmente con recursos nacionales en septiembre de 2023, pero la falta de desembolsos de Vialidad Nacional impidió el inicio. El municipio avanzó entonces con la rescisión del convenio nacional y la sustitución de esa fuente por recursos del Convenio Complementario con PAE.

El expediente, que debe aprobar el Concejo para activar la obra, llevó el costo actualizado a $14.225 millones, a valores de mayo de 2026, y estableció un plazo de ejecución de 24 meses, dividido en siete tramos.

Asumir el costo de una obra que Nación dejó sin financiamiento representa una responsabilidad concreta para las cuentas locales. Es un proyecto con justificación en necesidades reales de la ciudad, por el crecimiento de la zona oeste y ante la inasistencia de Nación para el histórico problema del tránsito de la ruta 3 en zona urbana. No es la circunvalación completa que requiere Comodoro, pero es un alivio. Para que no se transforme en otra obra inconclusa, una cuenta más del largo rosario que caracteriza a la ciudad, será fundamental que el delicado equilibrio de las cuentas permita sostener la asignación de recursos. Esa expectativa se reduce si el costo de los subsidios sigue en ascenso, con un escenario en el que no sería desacertado proyectar que los precios del petróleo vuelvan a bajar.

Las redes de gas y la escala de la inversión

Una comunicación difundida por el municipio el 21 de septiembre destacó una inversión de $8.928 millones en ampliaciones de redes de gas y conexiones domiciliarias desde 2024 hasta ese mes de 2026. Según el parte oficial, los trabajos beneficiaron a más de 4.000 vecinos.

Es una obra de impacto concreto, sobre todo en barrios donde el acceso al gas natural mejora las condiciones de vida y reduce la dependencia de otros sistemas de calefacción. Al mismo tiempo, el monto permite dimensionar la escala de los recursos que maneja el municipio: los $8.928 millones informados representan alrededor del 41% del capital colocado a plazo fijo al cierre de 2025. Aunque se trata de períodos distintos, la comparación ofrece una referencia sobre el volumen de la reserva frente a una inversión concreta.

Otra referencia útil: esa inversión representa solamente una sexta parte del presupuesto de obras para este año, que supera los $48.000 millones. De ese contraste surge la crítica legislativa que sostiene que “la partida de obra pública está subejecutada”, lo que en términos simples equivale a decir que hay plata suficiente para hacer más obras, a un ritmo más intenso. El ruido político entre el intendente y sus concejales también es parte del combo entre finanzas y obra pública, en el marco de una comunicación poco fluida entre Moreno 815 y la esquina de Pellegrini y Rivadavia.

Qué dicen los números de la ejecución presupuestaria

Según una primera lectura de la ejecución presupuestaria enviada por Economía, fechada el 14 de octubre y que abarca del 1 de enero al 30 de septiembre, la ejecución de fondos en obra pública se ubicaría entre el 86% y el 93% del total, según se tome el presupuesto ampliado en agosto o el original aprobado a fines del año pasado. De ser correcta esa lectura, la plata para obras no estaría guardada bajo el colchón, más allá del plazo fijo.

Sin embargo, parte del debate al analizar los números buscará establecer la diferencia práctica entre una imputación financiera, es decir guardar la plata para tal fin, y la obra efectivamente realizada: reservar las partidas y devengar el gasto no necesariamente equivale a obra ejecutada y terminada o con un grado de avance importante. Ese detalle probablemente se discuta en los próximos días, cuando los concejales estudien el envío del Ejecutivo.

Las preguntas sobre el ritmo de la obra pública no circulan solamente entre la oposición y contratistas que reclaman pagos atrasados en 90 días. También aparecen en conversaciones reservadas con concejales del propio oficialismo, en una relación con el Ejecutivo que arrastra diferencias políticas desde el día uno.

El no tratamiento del convenio para reactivar el Camino Petrolero, ingresado hace varias semanas, es una muestra más de ese malestar. Un concejal del oficialismo vinculó la falta de funcionarios municipales para explicar el proyecto con lo ocurrido durante la discusión de otro tema de fuerte trascendencia pública y política en los últimos días: “Lo mismo que con el proyecto de zona franca: no vino nadie del Ejecutivo a explicar la iniciativa del Camino Petrolero. Pero después tenemos que escuchar al gobernador que pretende apurarnos por la zona franca y al intendente que bromea con ‘arrancarle la cabeza’ y lo trata de pícaro, pero apurando también al Concejo con un proyecto que no se toman el trabajo de venir a explicar”.

La queja apunta a una cuestión política concreta: la exigencia de acompañamiento legislativo no siempre tiene su correlato en la presencia del Ejecutivo para fundamentar sus iniciativas. Aparece ahí otra característica de la gestión de Macharashvili: los tiempos de ejecución y la dificultad para traducir el esfuerzo financiero en resultados que los vecinos perciban.

Un esfuerzo que no alcanza para calmar las quejas

El municipio puede exhibir obras realizadas en momentos críticos y sin asistencia de Nación, además de subsidios millonarios para amortiguar el costo del transporte público. Pero ese esfuerzo convive con reclamos por el ritmo de la obra pública y por la calidad de servicios esenciales.

En la reciente audiencia pública por la suba del boleto, las exposiciones de los vecinos reflejaron esas quejas: insistieron sobre la calidad de la prestación y se opusieron a la actualización tarifaria del 100% después de dos años de congelamiento. Aunque solo hubo 14 de los 14.000 usuarios que contabiliza el sistema, es el reflejo de una tensión concreta entre el costo que asume el municipio para sostener el servicio y la prestación que reciben quienes lo utilizan.

La falta de financiamiento nacional explica parte de las dificultades y obliga al municipio a asumir compromisos que originalmente correspondían a otra jurisdicción. Pero no resuelve todas las preguntas sobre las prioridades locales, el ritmo de ejecución ni la forma en que el Ejecutivo construye respaldo para sus decisiones.

El balance se medirá más allá del saldo del plazo fijo

El plazo fijo muestra que Comodoro llegó al cierre de 2025 con una reserva financiera considerable, cuyos intereses fueron incorporados al presupuesto de este año como fuente de ingresos corrientes. Y probablemente el mecanismo se repita para 2027.

La ampliación de agosto, a su vez, expuso la presión que ejercen los servicios sobre las cuentas municipales y la necesidad de reacomodar partidas, con el imprevisto viento a favor de un precio internacional alto del petróleo para compensar la fuerte caída de recaudación de impuestos.

El municipio tiene a favor una fuente de recursos petroleros que todavía le permite afrontar compromisos que otras jurisdicciones dejaron de financiar. Pero ese margen no es ilimitado y tampoco garantiza, por sí solo, que las obras avancen al ritmo que necesita la ciudad. Entre preservar capital, sostener servicios y ejecutar infraestructura, la gestión de Macharashvili, que está iniciando el trayecto de 12 meses previos a la elección de su reemplazante, deberá mostrar qué resultados obtiene con los recursos disponibles. La evolución de esas tres variables dirá más sobre la solidez de las cuentas municipales, y del resultado de un gobierno, que cualquier extracto de un saldo financiero en una cuenta bancaria.