Comerciantes de la frontera salteña juegan su última carta en la Justicia: qué buscan frenar

La pulseada por el comercio en la frontera norte de Salta desembarcó en los tribunales. Aguas Blancas y Salvador Mazza presentaron un amparo colectivo contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para intentar dejar sin efecto la Resolución General 5910/2026, la norma que puso límites al traslado de mercaderías por el régimen de tráfico vecinal fronterizo.

La acción, fechada el 19 de octubre, no se limita a discutir la legalidad de la medida: también reclama una medida cautelar de no innovar con efecto suspensivo. Es decir, que la Justicia frene la aplicación de las restricciones mientras se resuelve el fondo del asunto.

El argumento central es que las dos localidades sostienen buena parte de su economía en el intercambio con Bolivia y que las nuevas reglas ponen en riesgo ventas, empleo y la supervivencia de numerosos comercios.

Qué cambió con la resolución de ARCA

La Resolución General 5910/2026 salió publicada en el Boletín Oficial el 9 de octubre y entró en vigencia al día siguiente. Modificó las condiciones del régimen de tráfico vecinal fronterizo, pensado para quienes viven en zonas limítrofes.

El cambio más resonante es el tope de 150 dólares diarios por persona para sacar mercadería argentina bajo ese mecanismo. Además, la norma dejó afuera productos como trigo, soja y maíz, combustibles en recipientes no habilitados y mercaderías en envases de 10 kilos o más, o su equivalente en volumen.

Desde ARCA justificaron la decisión en la necesidad de reforzar los controles aduaneros, evitar el fraccionamiento de operaciones y frenar el uso sistemático del régimen para movimientos que deberían canalizarse de otra manera.

El Código Aduanero prevé un régimen especial para los habitantes de la frontera, pero aclara que no puede usarse con fines comerciales o industriales. Esa distinción es, justamente, el corazón de la disputa.

El planteo judicial: trabajo, ventas y autonomía municipal

El amparo sostiene que los efectos de la resolución van mucho más allá de lo aduanero. Según los impulsores, las restricciones golpean actividades comerciales que se desarrollan desde hace décadas en Aguas Blancas y Salvador Mazza y comprometen el sustento de muchas familias.

Entre los fundamentos invocados aparecen derechos vinculados al trabajo, al ejercicio de actividades económicas y a la autonomía municipal, además de las propias disposiciones del Código Aduanero sobre tráfico fronterizo.

La crítica apunta a que las nuevas reglas no contemplan las particularidades de las localidades limítrofes, donde el movimiento de compradores y mercaderías responde a una dinámica económica distinta a la del resto del país.

En concreto, la presentación advierte que las restricciones podrían traducirse en menos ventas, dificultades para mantener abiertos los locales y menos oportunidades laborales. También cuestiona la proporcionalidad de las medidas: a su entender, los objetivos de control aduanero deben convivir con la realidad social y económica de las comunidades de frontera.

El pedido para que la norma no se aplique mientras se discute

Uno de los ejes de la presentación es la cautelar de no innovar. Con ese mecanismo, los demandantes buscan que la Justicia suspenda provisionalmente los efectos de la Resolución General 5910/2026 y restablezca las condiciones anteriores hasta que haya una decisión de fondo.

El razonamiento es que, si las restricciones siguen vigentes, los perjuicios económicos y laborales podrían volverse irreversibles incluso si luego la sentencia les resulta favorable.

Claro que el pedido no suspende nada por sí solo: para que la norma quede en pausa hace falta una resolución judicial expresa.

Un conflicto que ya lleva varias semanas

Las alarmas se encendieron apenas se conocieron las disposiciones nacionales. El 10 de octubre, comerciantes y autoridades locales rechazaron las medidas y cuestionaron que se aplicaran sin mirar las particularidades de las economías fronterizas.

Las primeras quejas tuvieron que ver con la imposibilidad de trasladar ciertos productos y con las dificultades que enfrentarían los negocios que abastecen a compradores bolivianos. También se pidió flexibilizar la salida de mercadería adquirida antes de que rigieran los cambios: en Salvador Mazza advirtieron que podían quedar productos almacenados sin poder trasladarse con el mecanismo que se usaba hasta entonces.

El 12 de octubre, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, sumó otra advertencia. Planteó que las restricciones argentinas se acumulan sobre las que ya impone Bolivia a sus ciudadanos para comprar del otro lado de la frontera y se preguntó si las medidas servirán para combatir el contrabando o si terminarán empujando operaciones hacia circuitos clandestinos.

Según su análisis, dificultar el comercio formal sin ofrecer alternativas accesibles puede incentivar el uso de pasos no habilitados, donde el control estatal es menor. También alertó que una caída de la actividad formal golpearía la recaudación provincial y municipal.

Las cámaras comerciales se unieron

El 15 de octubre, representantes de cámaras comerciales de varias localidades salteñas se reunieron para medir el impacto de las restricciones y coordinar una respuesta común.

Del encuentro participaron Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Salta; Fabián Hryniewicz, presidente de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); el empresario de Salvador Mazza Juan José Crausaz y Lucila Vela, presidenta de la Cámara de Comercio de Aguas Blancas. También hubo representantes de Orán, Tartagal y Anta.

Allí se acordó avanzar con un petitorio a las autoridades nacionales para exponer las dificultades del sector y pedir una revisión de las medidas. Hryniewicz subrayó la necesidad de separar el comercio legítimo de las organizaciones que financian circuitos ilegales.

Los empresarios coincidieron en que la lucha contra el contrabando debe ir acompañada de herramientas para sostener el comercio formal, sobre todo en localidades donde buena parte de la economía depende de las operaciones transfronterizas. La preocupación de fondo es que la caída del intercambio provoque nuevos cierres y pérdida de puestos de trabajo.

Dos economías atadas a Bolivia

Aguas Blancas y Salvador Mazza mantienen un vínculo económico cotidiano con Bermejo y Yacuiba, respectivamente. En ambas zonas, el intercambio de alimentos, productos de consumo y otras mercaderías sostiene una red que incluye comercios, transportistas, trabajadores y prestadores de servicios.

Las diferencias cambiarias, los precios relativos y las regulaciones de cada país inciden directamente en ese movimiento. Por eso, cualquier cambio en las condiciones de ingreso o salida de mercaderías puede repercutir en las ventas y el empleo.

En Aguas Blancas ya venían golpeados por las restricciones bolivianas, que dificultaban la llegada de compradores. Lucila Vela había expresado su preocupación por que las nuevas disposiciones argentinas sumaran otro obstáculo a una actividad que ya mostraba dificultades.

En Salvador Mazza, los reclamos se centraron en las limitaciones para trasladar mercadería destinada al mercado boliviano y en la necesidad de encontrar mecanismos de exportación que permitan mantener las operaciones dentro de la ley.