Comenzará el juicio por los dos obreros sepultados en Villa Dolores: quién se sienta en el banquillo

La Cámara Penal de Villa Dolores puso fecha para el arranque del juicio oral y público por la muerte de dos trabajadores sepultados por un desmoronamiento de tierra en 2019. El proceso comenzará el 10 de noviembre y se extenderá con varias audiencias a lo largo de ese mes.

En el banquillo estarán la exintendenta y actual legisladora provincial Gloria Pereyra, el exsecretario de Obras y Servicios Públicos Aldo Zanitti y los ingenieros Arturo Jorge Janich y Enrique Héctor Bernáldez. Los cuatro llegan acusados bajo la misma calificación: homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales, en calidad de coautores.

Qué pasó aquel 16 de julio de 2019

Ese día, una cuadrilla excavaba una zanja para una obra de infraestructura en Villa Dolores. La tierra se derrumbó sobre los operarios y los sepultó. Las víctimas fueron Norberto Orlando Romero, de 43 años, y Rubén Damián Altamirano, de 23.

La obra que no tenía empresa

El abogado querellante Juan Manuel Uriz, representante de la familia de Romero, explicó a Ahora Noticias (SRT Media) que el eje de la acusación pasa por la omisión de los deberes de control y la falta de previsión en el lugar de trabajo.

"El problema se encuentra en la negligencia, en la falta de cuidado, en la falta de previsión y en la omisión de los deberes de control y de garantías que tenía la Municipalidad", remarcó el letrado.

Uriz subrayó además un dato central sobre cómo se ejecutaba la obra: "Esta obra se efectuaba directamente bajo un esquema de administración municipal. No había una empresa, no estaba tercerizado ni ninguna empresa había licitado, sino que la Municipalidad la efectuaba de manera directa. Era la empleadora de los operarios".

Consultado sobre la calificación legal, el abogado indicó que se mantiene la carátula culposa. "No existen elementos en esta causa que permitan inferir que vaya a ser necesario efectuar algún cambio de calificación legal a una figura dolosa. Las condiciones actuales indican que esto fue un delito con las características de un hecho no intencional", sostuvo. Aunque todos llegan como coautores, aclaró que a cada uno le cupo un rol distinto dentro de la estructura institucional y técnica.

El vínculo con las familias

Sobre si hubo algún acercamiento de la exintendenta u otros funcionarios con los deudos en estos seis años, Uriz detalló que la compañera de Romero solo tuvo "un mínimo contacto con quien fuera en ese momento intendente" justo después del hecho, y que luego no volvió a haber comunicación.

El plano económico, en tanto, está cerrado: los familiares recibieron el resarcimiento correspondiente en el marco de la acción civil y laboral. Por eso el debate que se abre en noviembre en Villa Dolores se concentrará exclusivamente en determinar la autoría y la responsabilidad penal del hecho.