Comedores escolares: el dictamen de la Procuración que complica al Gobierno

El Procurador General de Entre Ríos, Jorge García, emitió este viernes su dictamen en la apelación contra el fallo que frenó la entrega de alimentos con sellos de advertencia en los comedores escolares. El funcionario se pronunció a favor de confirmar la decisión del juez Juan Francisco Malvasio, que obligó al Ejecutivo a cumplir con la ley de etiquetado frontal.

La causa se originó por un amparo colectivo presentado por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG Fundación Cauce. Los amparistas cuestionaron el cambio en el sistema de provisión de insumos para desayunos y meriendas, que pasó a estar en manos de la firma Teknofood SA mediante una compra centralizada.

Qué resolvió el juez Malvasio

El 21 de agosto, el magistrado hizo lugar al amparo y ordenó al Gobierno que se abstenga de ofrecer, servir o distribuir en las escuelas públicas productos no perecederos que tengan uno o más sellos de advertencia, según el artículo 12 de la Ley N° 27.642. También exigió garantizar de forma simultánea e ininterrumpida la provisión de alimentos que no estén alcanzados por esa prohibición.

En su momento, Malvasio defendió su postura: “No importa que este Tribunal se arrogue facultades de gestión que la Constitución reserva al Poder Ejecutivo. El control aquí ejercido se ciñe a un juicio de legalidad estricto”. Y añadió: “No juzgar sería, en este caso, la verdadera abdicación de una atribución propia”.

El rol de la Procuración

Los amparistas apelaron la resolución ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Ya se había expedido el Ministerio Público de la Defensa, que respaldó el fallo de primera instancia. Ahora, el Procurador García hizo lo propio.

“Lo resuelto no supone solo la supresión de las etiquetas de riesgo a la salud, como si fuese una exigencia meramente formal, sino que el fallo posee un contenido material imperativo: el deber estatal de brindar alimentación saludable en los comedores escolares”, planteó el jefe de los fiscales.

García también advirtió sobre una posible maniobra: “La ley provincial 10.594 impone la alimentación saludable; en caso de que se hiciera el cambio, quita o sustitución de etiquetas, ello configuraría un ‘embuste de etiquetas’, que sería un incumplimiento del fallo”.

La licitación millonaria y la espera del STJ

El Ejecutivo adjudicó a Teknofood SA la provisión de insumos por una cifra que llama la atención. El decreto de adjudicación N° 1.983/2026 fijó un importe total de $101.726.784.000 para los ciclos lectivos 2026 y 2027, aunque el decreto de llamado N° 852/2026 estimaba una inversión de $42.669.617.445. El precio unitario es de $1.600 por ración, lo que da un total de aproximadamente 63.579.240 raciones.

El nuevo sistema busca “ajustar la provisión a la matrícula y asistencia escolar concreta de cada período, evitando compras excesivas o subejecuciones”, según argumentó el Gobierno. Sin embargo, la implementación sigue en pausa: el convenio con Teknofood no se puso en marcha a la espera de lo que resuelva el STJ.

En su dictamen, García ponderó la convocatoria a una mesa de diálogo lanzada por el Ejecutivo y concluyó: “El análisis de los hechos y la fundamentación en derecho formulados en el fallo son correctos y concordantes con las pruebas de la causa”.