Colegios profesionales del Chaco en alerta: denuncian cambios normativos sin debate

Las entidades que agrupan a los profesionales del hábitat construido en el Chaco encendieron las alarmas. A través de un documento conjunto, manifestaron su "profunda preocupación" por la reciente implementación de modificaciones normativas, excepciones municipales y resoluciones provinciales que, según denuncian, fueron impulsadas sin diálogo ni análisis técnico previo.

¿Quiénes firman el reclamo?

El pronunciamiento lleva las rúbricas de las autoridades del Colegio Profesional de Técnicos (Ctec), el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo del Chaco (Cpauch), el Consejo Profesional de Agrimensura, el Consejo Profesional de la Ingeniería y Profesiones Afines del Chaco (Copipach), y cuenta con el acompañamiento de la Federación de Profesionales Universitarios del Chaco (Fepuch).

El impacto en la sociedad

En el texto, las instituciones advierten que las medidas adoptadas "impactan directamente tanto en el ejercicio profesional como en la calidad de vida de toda la sociedad". Sostienen que las normas sobre desarrollo urbano, planificación territorial y control técnico trascienden el ámbito profesional y repercuten en toda la comunidad.

¿Por qué defienden el control técnico?

Los colegios cuestionaron las posturas que atribuyen las demoras administrativas exclusivamente a las normativas vigentes o a los organismos de control. Señalaron que esa visión simplifica problemas complejos relacionados con la seguridad ciudadana, la protección del ambiente y el desarrollo urbano. Para ilustrarlo, compararon: responsabilizar solo a las regulaciones sería como afirmar que los semáforos son los culpables de los congestionamientos y que la solución sería permitir el paso con luz roja.

Exigen mecanismos de concertación

Las instituciones remarcaron que cualquier modificación al marco normativo local debe atravesar el mismo rigor técnico, jurídico y administrativo que las disposiciones vigentes. Propusieron crear mecanismos formales de concertación entre el Estado, los profesionales y la ciudadanía para fortalecer la legitimidad de las políticas públicas y evitar decisiones tomadas en ámbitos cerrados. Según expresaron, un esquema participativo permitiría alcanzar consensos y favorecer un desarrollo urbano "seguro, sostenible e inclusivo".

El pedido concreto a las autoridades

En el tramo final del documento, las entidades pusieron a disposición de las autoridades municipales y provinciales sus equipos técnicos para colaborar en futuras políticas públicas. Solicitaron formalmente que se garantice la participación activa de los colegios y consejos profesionales en la elaboración de normas vinculadas al desarrollo urbano y reclamaron la revisión de las ordenanzas, excepciones y resoluciones aprobadas bajo el esquema cuestionado.

Finalmente, sostuvieron que el diálogo interinstitucional "no constituye un obstáculo para la gestión pública", sino que es una herramienta indispensable para asegurar que el crecimiento de las ciudades responda a criterios técnicos rigurosos, al bienestar general y a una planificación sustentable de largo plazo.