Colegio de Corredores de Entre Ríos se planta contra la desregulación: “No hay un abaratamiento”

¿La desregulación inmobiliaria realmente abarata los alquileres? El Colegio de Corredores de Entre Ríos lo niega y alerta sobre los peligros ocultos de la medida.

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Colegio de Corredores de Entre Ríos se planta contra la desregulación: “No hay un abaratamiento”
Colegio de Corredores de Entre Ríos se planta contra la desregulación: “No hay un abaratamiento”

El Colegio Provincial de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos salió al cruce de la desregulación del sector impulsada por el gobierno nacional. Advierten que la medida no reduce costos, sino que abre la puerta a estafas y más juicios.

Carolina Ledesma, vicepresidenta de la entidad, fue contundente: “No hay un abaratamiento”. La dirigente explicó que permitir que personas sin formación específica intermedi en operaciones inmobiliarias no baja los precios, sino que traslada el riesgo al comprador o inquilino. “Menos control profesional no es sinónimo de mejores condiciones”, sostuvo.

¿Qué riesgos ven los corredores?

Los matriculados alertan que la desregulación puede disparar las estafas y la judicialización de conflictos. Sin un intermediario habilitado y responsable ante la ley, problemas que antes se resolvían en el marco de una operación ordenada pueden terminar en los tribunales. “Son transacciones que involucran los ahorros de toda una vida”, recordó Ledesma.

El trasfondo federal del debate

El Colegio también cuestiona que la medida nacional avanza sobre facultades de control que corresponden a las provincias. La desregulación no es solo una cuestión de mercado: es un conflicto de competencias entre Nación y los estados provinciales, que históricamente regularon el ejercicio de las profesiones liberales en sus territorios.

El debate ocurre en un contexto donde el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los temas más sensibles para las familias entrerrianas. La promesa de un mercado más libre y barato suena atractiva, pero los propios actores del sector advierten que la realidad puede ser distinta: más informalidad, menos garantías y, al final, más problemas para resolver.

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