Colectivos que pasan sin control en la frontera: el interventor de Aguas Blancas va a la Justicia Federal

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, presentará esta semana una nota ante el fiscal federal de Orán para que se investigue el presunto trato diferencial que recibirían los colectivos de la empresa San Antonio en el puesto de control 28 de Julio, sobre la Ruta Nacional 50.

¿Qué denuncia Zigarán?

Según el funcionario, mientras que taxis y traffics deben descargar sus bultos para ser revisados con el scanner, los ómnibus de San Antonio pasarían de largo sin ninguna inspección. Esta situación quedó evidenciada en imágenes que se difundieron recientemente y que muestran a uno de estos colectivos cruzando el control sin que sus pasajeros ni su equipaje sean sometidos al mismo procedimiento que el resto de los vehículos.

Zigarán remarcó que el puesto 28 de Julio es un punto estratégico del Plan Güemes, un operativo destinado a combatir el contrabando y el narcotráfico en la frontera con Bolivia. “A todos los vehículos que llevan los bultos que pasaron el río Bermejo desde Bolivia los obligan a bajarlos, pasarlos por el scanner y volverlos a subir. Pero extrañamente los ómnibus de la empresa pasan por un costado y nadie los revisa”, sostuvo el interventor.

Ante esta falta de controles, Zigarán advirtió que no se puede determinar qué mercadería trasladan los pasajeros en las bodegas de las unidades. Incluso planteó que podrían existir riesgos vinculados al ingreso de mercadería de contrabando o sustancias prohibidas, aunque aclaró que será la Justicia Federal la que deberá determinar si existe alguna irregularidad.

Además, una deuda millonaria

El interventor también apuntó contra la situación económica de la empresa San Antonio frente al municipio de Aguas Blancas. Según afirmó, la compañía adeudaría alrededor de $60 millones correspondientes a dos años de obligaciones, mientras que cuestionó la cantidad de pasajeros declarados por la firma.

Zigarán sostuvo que la empresa tendría entre 30 y 40 unidades afectadas al servicio, que según su denuncia suelen circular con una importante cantidad de pasajeros, incluso personas de pie. También afirmó que la empresa cobra $20.000 por cada bulto transportado.

Ahora, el pedido formal ante la Justicia Federal buscará que se determine si existe un incumplimiento en los controles sobre estos colectivos y si esa situación podría estar facilitando el contrabando en una zona considerada clave para el Plan Güemes.