Cobró $3,4 millones de sueldo y la cuenta quedó en cero: la explicación que dio el Banco Santa Cruz

Un grupo de trabajadores y jubilados estatales se presentó este miércoles en una sucursal del Banco Santa Cruz en Río Gallegos para reclamar por débitos que, en algunos casos, vaciaron por completo sus cuentas sueldo. La escena ocurrió durante la mañana en la sede de avenida Kirchner, donde al menos siete personas exigieron explicaciones y una de ellas debió ser contenida por personal de seguridad cuando alzó la voz.

Los reclamos se dieron en un contexto particular: sigue vigente el Plan de Alivio Financiero que el Gobierno de Santa Cruz y el banco lanzaron para refinanciar deudas de estatales, con plazo hasta diciembre. Según pudo saber La Opinión Austral, fuentes de la entidad admitieron que hubo descuentos a clientes que no se habían adherido al plan. Desde el banco recordaron que quienes detecten un error en el descuento de sus haberes pueden comunicarse al 0800 y, si el reclamo es válido, la entidad devuelve el dinero.

El caso que expone el problema

Una trabajadora estatal formalizó ese mismo día una intimación para que el banco le restituya los fondos debitados. En el documento cuestiona que dos operaciones consecutivas hayan absorbido la totalidad de sus haberes.

Según la presentación, ese 7 de octubre se le acreditaron $3.404.022,02. Poco después se registraron dos débitos: uno de $2.804.360,76 bajo el concepto “DEB TARJETA VISA” y otro de $599.661,26 identificado como “DB. COBERTURA AUTOMÁTICA”. La suma de ambos coincidió exactamente con el monto depositado y la cuenta quedó sin fondos disponibles.

La trabajadora sostuvo que el banco absorbió el ciento por ciento de su remuneración y que se quedó sin recursos para cubrir gastos básicos. “Nos dejaron con las cuentas en $0”, resume el reclamo de quienes se acercaron a la sucursal.

El stop debit que no frenó los débitos

Uno de los ejes de la intimación es que la trabajadora asegura haber ido antes al banco para regularizar su deuda. Pidió refinanciar los consumos de la tarjeta, pero según su relato desde la entidad le respondieron que en ese momento “no existía deuda” refinanciable y que, ante el próximo débito, debía pedir un stop debit.

La mujer afirma que siguió esa indicación y presentó dos solicitudes de stop debit para evitar que el débito automático afectara sus haberes. Sin embargo, el 7 de octubre se ejecutó igual el débito de la tarjeta por $2.804.360,76 y luego otro por $599.661,26 en concepto de cobertura automática.

Por eso exige que el banco informe qué tratamiento recibieron esas dos solicitudes, con fechas de registración, números de gestión, estado y fundamentos por los cuales finalmente se aplicaron los débitos. La presentación fija un plazo de 24 horas para la restitución de los fondos que considera debitados de manera indebida. También pide el fundamento contractual y jurídico del débito de $2.804.360,76, la documentación que lo respalde y un detalle del estado de la tarjeta: saldo anterior, consumos, capital, intereses, financiación, vencimientos y pagos.

Otro pedido es que se explique por qué, pese a las dos solicitudes de stop debit, el débito se ejecutó y por qué dos operaciones consecutivas pudieron absorber todo el salario. La trabajadora reclama además el cese de cualquier mecanismo de débito, compensación, retención o cobertura automática que pueda volver a afectar la totalidad de sus haberes futuros.

El argumento legal: el sueldo es alimentario

La presentación sostiene que los fondos de una cuenta sueldo tienen carácter alimentario y cuestiona que una entidad financiera pueda absorber la totalidad de una remuneración. La trabajadora invocó el Decreto-Ley 6.754/43, ratificado por la Ley 13.894, que protege sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de empleados públicos y declara inembargables esas remuneraciones por obligaciones derivadas de préstamos, con las excepciones y límites del propio régimen. La norma permite afectar hasta el 20% de la remuneración nominal mensual para determinadas obligaciones crediticias que cumplan con los requisitos previstos.

El escrito también menciona garantías constitucionales vinculadas con la protección del salario, la defensa del consumidor y los derechos de los usuarios de servicios financieros.

El plan oficial que sigue abierto

Mientras tanto, el Gobierno provincial y el Banco Santa Cruz mantienen vigente el Plan de Alivio Financiero para trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública provincial. El programa fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026 y luego mejorado: en septiembre se anunció una reducción de la tasa al 35%, tres meses de gracia y un plazo de financiación de hasta 120 cuotas. La adhesión seguirá abierta hasta fin de año.

El banco informa que el plan permite reorganizar y cancelar deudas financieras para unificar compromisos en una sola cuota, sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de requisitos. La existencia de esta herramienta es central en el reclamo de los trabajadores: mientras hay un mecanismo oficial para aliviar el peso de las deudas, algunos usuarios denuncian que sus salarios fueron afectados por débitos automáticos antes de poder resolver su situación.

Posible vía judicial

En su presentación, la trabajadora dejó asentado que si el banco no restituye los fondos y da una respuesta satisfactoria analiza iniciar acciones judiciales, incluidas medidas cautelares para recuperar la disponibilidad de su salario. También anticipó reclamos ante el Banco Central de la República Argentina y organismos de defensa del consumidor.

La intimación pide además que la entidad preserve los registros vinculados con las operaciones cuestionadas: movimientos internos, instrucciones de débito, autorizaciones, registros informáticos y documentación relacionada con las solicitudes de refinanciación y stop debit.