Cobrar la acuicultura en Río Negro: el cálculo que quedó viejo y el número que ahora manda

El gobierno de Río Negro dio vuelta la planilla con la que calcula cuánto pagan los emprendimientos acuícolas de la provincia. A través de la Resolución 2195/2026 del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, publicada en el Boletín Oficial, dejó atrás una fórmula que estuvo vigente más de dos décadas y armó otra que ata el monto de la patente al volumen de producción autorizado de cada establecimiento.

La norma deroga la Resolución 856/2004, el esquema que regía desde 2004 para determinar los derechos de otorgamiento y las patentes anuales, tanto en la actividad continental como en la marítima.

El sistema viejo: módulos, caudal y ocupación

La fórmula anterior no era única. Se desdoblaba según el tipo de explotación y sumaba variables que, con el correr de los años, se volvieron difíciles de manejar.

En la acuicultura continental, el cálculo se apoyaba en módulos de ocupación, volumen de agua y caudal. Los permisos continentales, por ejemplo, usaban el llamado módulo de caudal; las concesiones en áreas lacustres, en cambio, aplicaban módulos de ocupación y de volumen de agua. Esa normativa de 2004 ya había reemplazado y retocado el esquema original de 2003.

Para la acuicultura marítima regía una fórmula basada en módulos de ocupación. Los valores de esas unidades se fueron actualizando con los años: una resolución de 2025, por caso, había fijado en $10 el valor de la unidad empleada en las fórmulas de la vieja resolución.

Por qué la Provincia decidió cambiarlo

Los fundamentos de la nueva norma admiten que el método anterior era complejo y de difícil aplicación por la cantidad de variables que intervenían. Ese enredo, según la propia resolución, terminó pegando en la recaudación: hubo ausencia de percepción de ingresos por las patentes.

La Provincia también reconoce que el esquema no tenía una variable que permitiera actualizar los valores frente a las variaciones de precios. Con ese diagnóstico, el nuevo sistema busca simplificar el cálculo y, a la vez, atar el canon a la escala productiva de cada emprendimiento.

La fórmula nueva, con números concretos

El cálculo ahora es directo: Patente anual = producción autorizada × precio de referencia × Coeficiente de Valor de Producción (CVP).

La producción autorizada es el volumen aprobado en el permiso o la concesión. El precio de referencia se vincula con el valor de mercado de la especie producida y el CVP funciona como un coeficiente técnico que ajusta el canon según el tipo de producción.

Para arrancar, la Provincia fijó dos parámetros:

Precio de referencia: $6.169.790 por tonelada (unos US$3.993).

Coeficiente de Valor de Producción: 0,0035.

La autoridad de aplicación queda habilitada para actualizar el precio de referencia y modificar el coeficiente bajo las condiciones que prevé la resolución.

El ejemplo que incluye el Boletín Oficial

La propia norma trae un caso teórico para mostrar cómo queda el número final. Para un establecimiento con una producción máxima autorizada de 1.500 toneladas por año, la cuenta es:

1.500 × $6.169.790 × 0,0035 = $32.391.397,50

Con esos parámetros, la patente anual sería de $32,4 millones (unos US$20.965). A eso se suma el derecho de otorgamiento, equivalente al 5% de la patente anual: en el ejemplo de la Provincia, $1.619.569,87 (US$1.048 aproximadamente).

Qué mira la Provincia para fijar la producción

La capacidad productiva no se mide solo por el resultado final. Entre los indicadores que pueden considerarse aparecen la producción anual en toneladas, la cantidad de ejemplares sembrados —ovas, larvas, alevinos o juveniles— y las características del sistema productivo: tecnología, densidad de cultivo, tipo de instalación y eficiencia productiva.

La intención declarada es que el canon refleje mejor la escala e intensidad de cada emprendimiento, con mayor equidad entre productores y más previsibilidad sobre los montos a pagar.

La maricultura también entra en el cambio

El nuevo esquema alcanza a la acuicultura marítima. En esos casos, el precio de referencia deberá surgir de información sobre el valor de mercado de la producción, que podrá consultarse en organismos públicos o privados, plantas pesqueras o la Terminal Pesquera Artesanal, entre otras fuentes.

La resolución fija además que el pago de los derechos y patentes será condición previa para iniciar la actividad y que el primer año deberá abonarse por adelantado. La excepción son los emprendimientos artesanales.