Cobran hasta el último peso del sueldo: el límite que los bancos no pueden cruzar

El sobreendeudamiento de las familias chaqueñas ya no distingue entre jubilados, estatales o pibes con billeteras virtuales. El abogado Carlos Díaz describió en CIUDAD TV un escenario que se agrava: deudas que se vuelven impagables por la acumulación de intereses, comisiones y cargos, y descuentos que en algunos casos absorben el salario completo.

Según el letrado, hay financieras que aplican tasas de hasta el 1.300% anual. A eso se suma la capitalización de intereses —el anatocismo— y la incorporación de gastos y seguros que, a su criterio, pueden resultar improcedentes.

El límite que muchos ignoran

Díaz puso el foco en la protección legal del salario. En los casos que atiende se están pidiendo medidas cautelares para impedir que bancos y financieras descuenten sumas por encima de los límites legales, y aseguró que la Justicia chaqueña ya dictó resoluciones que restringen esos débitos mientras se revisa cómo se compone la deuda.

El abogado contó que hay situaciones en las que una persona cobra apenas una parte mínima de su sueldo, e incluso casos en los que los descuentos se llevan la totalidad de los ingresos. Frente a eso, remarcó que la legislación prevé mecanismos de protección de la remuneración y que las autorizaciones firmadas por los propios deudores no habilitan automáticamente a las entidades a desconocer esos topes.

Qué herramientas existen para defenderse

Una de las vías judiciales son las medidas cautelares innovativas, que permiten pedir la interrupción de los descuentos excesivos mientras se determina si la deuda reclamada es correcta. También pueden iniciarse procesos sumarísimos para revisar los intereses y los cargos que aplican los acreedores.

Díaz sumó otro dato que consideró clave difundir: la Ley de Defensa del Consumidor establece el principio de gratuidad para acceder a la Justicia en los reclamos de consumidores, una garantía para quienes atraviesan dificultades financieras.

El círculo del sobreendeudamiento inducido

El letrado describió un fenómeno que se repite: entidades que ofrecen nuevos créditos a personas que ya tienen compromisos difíciles de afrontar, en lugar de evaluar bien su capacidad de pago. Es habitual encontrar deudores con varios acreedores que toman un préstamo para cancelar otro y después recurren a una nueva financiera para cubrir la deuda anterior.

Así, la obligación inicial se transforma en una cadena que agranda el monto adeudado y reduce cada vez más los ingresos disponibles. Como ejemplo, mencionó ofertas de refinanciación en las que a alguien que ya debe varios millones de pesos se le propone renegociar ese monto y, al mismo tiempo, retirar dinero adicional.

También apuntó contra la publicidad de los préstamos: las tasas que se destacan en los anuncios no siempre reflejan el costo financiero total. Por eso recomendó leer con atención las condiciones contractuales y recordó que en los procesos judiciales se puede exigir a bancos y financieras que presenten los contratos y la documentación correspondiente.

Jubilados y jóvenes, los más expuestos

Díaz identificó a los adultos mayores como uno de los grupos más vulnerables, sobre todo por las dificultades para acceder a plataformas digitales, consultar sus movimientos bancarios o saber con precisión cuánto deben. Según contó, algunas personas llegan a su estudio sin poder determinar el monto total de sus obligaciones.

Al mismo tiempo, advirtió por el crecimiento del endeudamiento entre jóvenes de 18 a 35 años que usan billeteras virtuales. En ese segmento vinculó parte de los problemas con deudas generadas en torno a los casinos virtuales y con compromisos que superan la capacidad de pago de quienes los contraen.

El abogado sostuvo que el sobreendeudamiento no puede analizarse solo como un incumplimiento individual. Las llamadas y los mensajes reiterados de cobranza, advirtió, pueden convertirse en hostigamiento y afectar la salud emocional de los deudores y la convivencia familiar.

El reclamo al Estado

Para Díaz, el Estado debe intervenir para garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y evitar que la desigualdad entre las entidades financieras y los particulares deje a estos últimos sin herramientas para defenderse.

En ese sentido, planteó que los organismos competentes deben tener mecanismos para revisar los cobros indebidos y procurar la devolución actualizada de las sumas descontadas en exceso, de modo que los deudores puedan afrontar las obligaciones que efectivamente correspondan.

El letrado afirmó que en los tribunales de Resistencia ya existen medidas cautelares que limitan los descuentos mientras se revisan las cuentas, y recomendó que quienes atraviesen situaciones similares consulten con un profesional para evaluar las alternativas legales. Su último consejo: conocer los derechos y no asumir que las condiciones impuestas por un banco o una financiera son válidas solo porque se firmó un contrato.