Cobraban por firmar verificaciones sin ver los autos: cayó el cuarto policía

Un cuarto efectivo policial quedó detenido en Esperanza en el marco de una investigación que apunta a una red de coimas dentro de la planta verificadora de la ciudad. Según informó el fiscal Ezequiel Hernández, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los uniformados cobraban dinero para firmar formularios del Registro de la Propiedad Automotor sin revisar jamás los vehículos.

En diálogo con la radio LT10, el funcionario explicó que los pagos se hacían en efectivo y por transferencia bancaria. A cambio, los policías confeccionaban y sellaban la documentación oficial, pero los rodados nunca llegaban a la sede policial. La maniobra derivó en que el Estado perdiera el control sobre la transferencia de bienes registrables.

Los números de la maniobra

La investigación determinó que los montos irregulares eran de 50.000 pesos por cada formulario de auto y 30.000 pesos por cada moto. Solo en agosto se detectaron al menos 64 operaciones —48 autos y 16 motos—, lo que representó una recaudación ilegal de 2.880.000 pesos que terminaba en los bolsillos de los efectivos.

Las operaciones se canalizaban a través de una gestora que presentaba la documentación y pagaba la tarifa sin llevar los vehículos a verificar. Para el fiscal, la conducta encuadra en el delito de cohecho pasivo para los policías y activo para la gestora. «Es un cohecho de manual. En lo que vulgarmente se dice coima, se cobra un dinero, es un funcionario público que cobra un dinero, una dádiva a cambio de hacer o dejar de hacer algo propio de su función», sostuvo Hernández ante LT10.

El funcionario también precisó que se trataba de una especie de «servicio de verificación simplificada» y consideró muy probable que los clientes no supieran que el trámite era ilícito.

Detenciones y próximos pasos

Hasta el momento son cuatro los policías implicados. La metodología se venía ejecutando al menos desde 2024 y 2025. Uno de los imputados ya tiene prisión preventiva por 30 días, dictada tras un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa. Los otros tres permanecen detenidos y serán imputados formalmente entre el martes y el miércoles de la semana próxima.

Por ahora, las autoridades descartaron que la maniobra estuviera destinada a encubrir robos de autos o a facilitar el accionar de bandas criminales. Sin embargo, el fiscal advirtió que los compradores podrían tener complicaciones futuras si los números de chasis o motor no coinciden en verificaciones posteriores. La investigación sigue abierta para determinar si hay más funcionarios o particulares involucrados.