Cobraba millones por casas que nunca entregaba: la insólita fachada que usó para engañar a sus víctimas

Una mujer fue detenida en Tucumán acusada de estafar a al menos cuatro personas con la promesa de gestionarles viviendas. El perjuicio económico supera los $14 millones, según la investigación del Ministerio Público Fiscal.

La acusada se presentaba como gestora con supuestos contactos en el IPV, la Legislatura y la CGT, y exigía importantes sumas de dinero por adelantado. Sin embargo, las casas ofrecidas en San Andrés y Manantial Sur nunca llegaban a entregarse.

¿Cómo fue la maniobra?

Los hechos se remontan a fines de 2022. En esa ocasión, la mujer se mostró como gestora con vínculos en el Instituto Provincial de la Vivienda y la Legislatura tucumana, ofreciendo una casa en San Andrés. La víctima pagó $3.150.000, pero la entrega jamás se concretó.

El segundo episodio ocurrió el 10 de noviembre de 2023. Esta vez, la acusada dijo ser empleada de la Legislatura y abogada de UPCN. En un bar de avenida Sarmiento, ofreció una vivienda en Manantial Sur por $2.200.000 más $40.000 para gastos de escribanía. El perjuicio final fue de $1.945.300.

El tercer caso data del 23 de abril de 2026, cuando se presentó como abogada especializada en recuperar viviendas del IPV. Ofreció una casa en Manantial Sur por $4.180.000, pero la adjudicación nunca se produjo.

El último engaño: un chofer de Uber como intermediario

El 10 de agosto de 2026, la mujer contactó a un conductor de Uber, a quien le dijo ser abogada y miembro de la CGT. Logró que el chofer la conectara con familiares interesados en acceder a una vivienda. Ese mismo día, en una estación de servicio YPF de Bulnes y avenida Belgrano, pidió $150.000 por el “armado de carpeta” y adelantó que luego deberían pagar $5 millones.

Al día siguiente, en un bar de Maipú al 50, aseguró que la vivienda se adjudicaría en un mes. Con esa promesa, una víctima le entregó los $5 millones. Además, sumó a otras personas al supuesto sistema, pidiéndoles transferencias de $150.000 a nombre de su hija. El perjuicio de este último tramo fue de $5.450.000.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, bajo la supervisión del fiscal Diego Alejo López Ávila. En la audiencia, el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto pidió ampliar los cargos y endurecer las medidas de coerción.

El juez dispuso la prisión preventiva de la mujer, aunque bajo arresto domiciliario con dispositivo electrónico por 45 días.