Cobraba $80 mil por cada conexión trucha y ahora deberá pagar $800 mil: a quién fue a parar ese dinero
Cobraba por cada enganche ilegal en los postes de Puerto Madryn y la Justicia le puso un número: $800.000. La plata no quedó en manos de la empresa damnificada, sino que tomó un camino inesperado que involucra a una asociación local.
Un vecino de Puerto Madryn quedó en el centro de una investigación por conexiones clandestinas de cables y terminó cerrando el caso con una reparación económica de $800.000 que fue a parar a una entidad que trabaja con personas con discapacidad. Todo se resolvió a través de una salida alternativa al proceso penal, después de que una empresa conocida de la ciudad presentara la denuncia.
Según el Ministerio Público Fiscal, el imputado es Esteban Bladimir Arrighi, quien habría armado instalaciones ilegales que salían de los postes de la vía pública y llegaban hasta viviendas y comercios. Por cada enganche cobraba alrededor de $80.000, de acuerdo con los elementos que se reunieron en la causa.
Cómo llegaron al sospechoso
La investigación quedó en manos de la División Policial de Investigaciones (DPI), que logró identificar al imputado en el momento en que, presuntamente, estaba realizando una de esas conexiones clandestinas.
Con esos datos, se hicieron varios allanamientos en los que se secuestraron vehículos, herramientas y equipos que habrían sido usados para concretar las instalaciones ilegales.
Cuando la causa avanzó, la Fiscalía promovió una instancia de diálogo entre las partes para buscar una solución alternativa y fijar una reparación por los perjuicios que sufrió la empresa.
El destino del dinero
La propuesta la hizo Hernán Egurza, director general de Flux, quien planteó que los $800.000 se donaran a EDDIM (Asociación para la Educación y el Desarrollo de Personas con Déficit Intelectual y/o Motor).
La entidad tiene sede en Puerto Madryn y es una organización no gubernamental que trabaja por la inclusión y la igualdad social de las personas con discapacidad a través de talleres sociorecreativos.
El imputado hizo la donación dentro del plazo acordado y se comprometió a no volver a cometer actos ilícitos. Así, la causa se cerró con una reparación económica cuyo destino eligió la propia empresa damnificada.
