Clínicas de todo el país paran la atención a jubilados de PAMI: en Entre Ríos, por ahora, no se siente

Cuatro cámaras que nuclean a más de 100 centros de salud anunciaron que el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre no atenderán a afiliados de PAMI. Reclaman una recomposición de aranceles y cambios en los contratos. En la provincia, según pudo confirmar Elonce, la medida todavía no tiene impacto.

El conflicto viene de larga data: las entidades sostienen que los costos operativos, los insumos y los medicamentos crecieron muy por encima de lo que reconoce la obra social. La suspensión, que en principio no incluiría las emergencias, podría complicar la atención de jubilados y pensionados en distintas jurisdicciones del país.

Quiénes impulsan la medida

Detrás del anuncio están la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y Clínicas de la Patagonia. Las cuatro agrupaciones exigen una actualización de los valores que paga el Programa de Atención Médica Integral y modificaciones en las condiciones de contratación que regulan la atención de sus afiliados.

Con la suspensión de 48 horas buscan "una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones" y frenar el deterioro del servicio. Además, advierten que las dificultades económicas no se circunscriben a PAMI: afectan al funcionamiento general del sistema privado de salud.

PAMI dice que negocia y las clínicas responden que no alcanza

Desde la obra social aseguran que el diálogo sigue abierto. Según indicaron, el viernes pasado se llegó a un entendimiento para incrementar los aranceles de determinadas prácticas clínicas, con una recomposición que, afirman, equivale prácticamente a la inflación acumulada de 2026 para las prestaciones incluidas en el acuerdo. Para el jueves 22 de octubre está prevista una reunión entre equipos técnicos.

Las cámaras empresarias, en cambio, consideran que el ofrecimiento no compensa el retraso de los últimos años. Por eso anticiparon que este lunes harán una consulta entre las instituciones asociadas para definir si mantienen o levantan la protesta.

La brecha entre aranceles e inflación

El argumento central de los prestadores son los números. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, según sus datos, la inflación acumulada fue del 241,8%, mientras que la cápita que paga PAMI subió un 110,55% en promedio. Para emparejar esa evolución haría falta una actualización cercana al 62%.

La diferencia se agranda si se mira un período más largo. Un índice de Capress señala que, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, el valor de la cápita del segundo nivel de atención creció un 447,47%, contra una inflación minorista del 942,35% según el Indec. La cámara calcula que los aranceles deberían subir más del 90% para recuperar la relación que tenían con los precios a fines de 2022. En el mismo lapso, los medicamentos aumentaron un 1.181,70%, de acuerdo con un índice sectorial.

Los topes a las prácticas de alta complejidad

El reclamo no es solo económico. Las clínicas cuestionan el modelo de contratación porque algunos convenios fijan límites a la cantidad de determinadas prácticas que puede realizar cada institución, entre ellas procedimientos de hemodinamia, cirugías cardíacas y neurocirugía.

También les preocupa la derivación de pacientes hacia hospitales públicos, ya que podría recargar establecimientos con alta demanda asistencial. En ese marco piden regularizar los pagos, fortalecer las contrataciones con el sector privado y revisar las condiciones de prestación. Como dato de contexto, recuerdan que el sector privado concentra cerca del 56% de las camas disponibles en el país.

Los aumentos que el sector considera insuficientes

Durante 2026, PAMI aplicó subas que, según los prestadores, llegaron al 1,9% en junio y al 8% en julio para determinadas prácticas. Las entidades remarcan que no fueron uniformes y que varios servicios quedaron sin recomposición.

Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, en Río Negro, contó que en las clínicas patagónicas el aumento de este año fue del 8% pero solo alcanzó a una parte de las prestaciones. "El grupo de alta complejidad tuvo cero aumento e, inclusive, en octubre hay una disminución de los precios en ese grupo", sostuvo.

Respecto de la propuesta de PAMI, señaló que existe un compromiso de actualización atado a los aumentos salariales de paritarias, aunque lo consideró insuficiente. "No resuelve el problema de fondo, el tremendo retraso de precios", afirmó. Según su estimación, si se combinan las prestaciones que recibieron subas y las que quedaron afuera, la actualización promedio de los primeros nueve meses del año no superaría el 4% o 5%, con variaciones según cada institución.

El otro frente: impuestos y deudas con el Estado

El conflicto suma capítulos por fuera de los aranceles. El 14 de septiembre las entidades pidieron una audiencia urgente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para discutir la situación económica del sector. Entre los temas pendientes figuran una reforma tributaria y una salida para cerca de 5.000 establecimientos que mantienen deudas fiscales y que hoy están alcanzados por una disposición que impide a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) iniciar ejecuciones por determinadas obligaciones impagas.

La incertidumbre sobre la continuidad de ese régimen, advierten los prestadores, también complica la planificación financiera de las instituciones.