Citaron al equipo técnico del caso del bebé de Rancul: a la hora señalada no había nadie

La citación estaba hecha, la hora fijada y la resolución votada por unanimidad. Cuando el mediodía llegó, el equipo técnico del caso del bebé de Rancul no estaba en la sala y la reunión derivó en un cruce por quién tiene facultades para convocarlo.

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Citaron al equipo técnico del caso del bebé de Rancul: a la hora señalada no había nadie
Citaron al equipo técnico del caso del bebé de Rancul: a la hora señalada no había nadie

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados de La Pampa vivió este martes un cruce tenso entre legisladoras y el subsecretario de Niñez, Juan Pablo Bonino, por la ausencia del equipo técnico que intervino en el proceso de guarda y adopción de un bebé en Rancul.

La reunión estaba fijada para el mediodía. Del otro lado de la mesa, la radical Gisela Cuadrado y Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada, esperaban a los profesionales que llevaron adelante el trámite. No aparecieron.

Quiénes pueden ser citados y quiénes no

El eje de la discusión es de competencia. La Comisión Especial no tiene incumbencia para citar a empleados públicos: según la Constitución Provincial, solo puede convocar a funcionarios de alto rango. A los y las estatales se los investiga en el marco de la ley 643 o a través de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Bonino lo planteó con esas palabras: “La Comisión no tiene facultades para obligarnos a concluir. Venimos porque queremos colaborar, porque queremos colaborar con la Comisión”.

Las legisladoras, en cambio, se aferraron a la notificación. “La decisión de la Comisión fue notificada hace una semana, con una semana de anticipación de que hoy tenía que venir el equipo y las autoridades al mediodía”, señalaron.

Secreto profesional y el informe que ya está presentado

El funcionario insistió en el marco legal que protege a los equipos técnicos. “Los equipos técnicos son agentes 643. Y en el caso de haber alguna irregularidad con respecto a su ejercicio, el régimen sancionatorio que se le aplique es el que establece la ley”, les reiteró a las diputadas, en línea con lo que ya le había dicho a Plan B.

También se refirió al deber de reserva: “Tienen secreto profesional, del que pueden ser relevadas solamente por un juez. Tiene el deber de confidencialidad, de no hablar de sus intervenciones con niños, niñas y adolescentes”.

Y agregó que la actuación de los profesionales ya fue revisada en otra instancia: “Todas sus intervenciones fueron controladas y fueron parte de expedientes judiciales. Nosotros hicimos un informe que presentamos donde dimos cuenta también de quiénes eran los profesionales y toda su actuación puede tranquilamente ser contada por todos los funcionarios que estamos hoy presentes”.

La resolución que la Cámara votó por unanimidad

Cuadrado y Fonseca no cedieron: se apoyaron en la resolución que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y que pedía entrevistar a los equipos. Para ellas, el punto no es la letra chica de las facultades, sino que la citación estaba hecha y el equipo no se presentó.

“Lo único que quede claro es que el equipo fue notificado hace una semana con anticipación y hoy, que es el día, no están en este lugar para hacer entrevistas y escuchar el relato”, cuestionaron.

La sesión derivó en un ida y vuelta sobre horarios. Fonseca sostuvo que el funcionario tenía otra hora asignada y defendió el rol de la Comisión: “En la toma de decisiones nosotros priorizamos el interés superior que tiene una protección esforzada. Por eso nosotros no queremos este pasillo y este escenario”. Y completó: “Queremos la responsabilidad, lo que pasa es que usted estaba citado en otro horario. Nosotros acá estamos ejerciendo un rol que institucionalmente nos pidió la Cámara. No, no, no, usted estaba citado a las 12”.

El audio como respaldo

Antes de cerrar, Cuadrado pidió dejar registro de lo dicho en la sala. “Lo demás ahora lo vamos a hacer pasar por una cuestión que quede constancia de lo que acaba de decir y lo que usted quiera, y quede constancia en el audio, que es lo que vale”, afirmó.

La discusión de fondo sigue abierta: qué puede exigir la Comisión Especial y qué queda en manos de la Justicia o de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas cuando se trata de empleados y no de funcionarios.

 

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