Citaron a los técnicos de Niñez, pero quien habló fue otro: qué pasó en la Legislatura

La reunión estaba prevista para las 9 de la mañana de este martes en la Legislatura de La Pampa. Los citados eran los empleados técnicos del área de Niñez, Adolescencia y Familia. Sin embargo, quienes se sentaron frente a las diputadas fueron los funcionarios jerárquicos del área, y los legisladores no los recibieron.

La comisión investigadora sobre el trámite de adopción había convocado a los trabajadores para ampliar y evacuar consultas, después de que el Ejecutivo presentara un informe escrito respondiendo al requerimiento legislativo. El subsecretario Juan Pablo Bonino encabezó la delegación que llegó a Diputados en el horario pactado.

Quién responde ante quién

El punto de fondo es una discusión de competencias. La comisión se creó amparándose en el artículo 68 de la Constitución provincial, que habilita a los diputados a interpelar a los ministros del Poder Ejecutivo y a pedir informes escritos al resto de los funcionarios. Interpelar a empleados de rango menor no está entre esas facultades.

Bonino lo planteó como una cuestión de responsabilidad. Según su lectura, los equipos técnicos actúan bajo relación de dependencia, cumplen directivas de sus superiores y están alcanzados por el secreto profesional y el deber de confidencialidad que fijan las leyes. Además, parte de sus intervenciones queda sujeta a control judicial y, por lo tanto, fuera del alcance de la comisión.

"Los equipos técnicos actúan bajo relación de dependencia y cumplen las directivas de sus superiores. Además, las y los trabajadores están alcanzados por el secreto propio de sus disciplinas y por el deber de confidencialidad que imponen las leyes. Parte de esas intervenciones está sujeta a control judicial, quedando fuera del ámbito de la comisión", sostuvo el subsecretario.

Por eso, aunque los técnicos también habían sido convocados, resolvieron concurrir los responsables políticos, técnicos y jerárquicos del área. Bonino señaló que los empleados tienen un régimen disciplinario propio y que sus intervenciones constan en expedientes judiciales, de modo que eran los funcionarios quienes debían responder ante las legisladoras.

"Más allá de todos estos detalles, estamos conformes y apoyamos el trabajo realizado por nuestros equipos. Fue profesional, responsable y eficiente, en un marco de absoluta transparencia", agregó.

El informe y el procedimiento

El funcionario explicó que la presentación escrita buscó detallar cómo funciona el sistema de adopción en la provincia. "Venimos a dialogar con las legisladoras de la comisión temas vinculados al informe escrito que presentamos hace algunos días. Fue un trabajo completo y detallado sobre el procedimiento de adopción que rige en La Pampa, en el marco de las leyes que lo regulan, tanto para el caso en particular, como para todos", afirmó.

Y sumó: "Nuestras acciones en el área tienen como principal objetivo garantizar los derechos de nuestras infancias y adolescencias, en el marco de las leyes vigentes. Ese es el punto de partida para desarrollar políticas de Estado, y de ahí no nos movemos".

Las formas de la entrega

Consultado por los cuestionamientos de la familia de contención sobre cómo se llevó adelante el procedimiento, Bonino aseguró que el organismo intentó acordar que la entrega se concretara de manera adecuada. Según dijo, la otra parte no cumplió con lo pactado y eso obligó a tomar otras decisiones.

Sobre ese momento aclaró que hubo asistencia policial, pero que no se utilizó la fuerza pública. "La intervención de los equipos profesionales de la Policía y del equipo EDAI, especializado en el abordaje de crisis, permitió concretar el procedimiento 'sin un grito, sin un golpe', y sin poner en grave riesgo la integridad psicofísica del niño", explicó.

Cuatro meses y una regla que no se negocia

Bonino también se refirió al tiempo transcurrido entre la medida excepcional y la declaración de adoptabilidad. En este caso pasaron cuatro meses entre una instancia y otra, un plazo que usó para defender la actuación del organismo y para diferenciarla de situaciones en las que un niño permanece durante años con una familia de contención.

Sostuvo que la familia conocía el carácter temporario de su tarea y la situación jurídica del bebé, y reivindicó el trabajo de los equipos técnicos: afirmó que el procedimiento se desarrolló de acuerdo con las normas vigentes y con las indicaciones de los organismos jurisdiccionales.

Ante la consulta sobre si una familia de contención puede adoptar al niño que tiene bajo su cuidado, el subsecretario fue categórico: los programas son incompatibles. "El Código Civil establece la inscripción en el registro correspondiente como requisito para adoptar y prohíbe las entregas directas. Habilitar ese cambio de condición implicaría apartarse de las reglas que rigen el sistema de adopción", afirmó.

Para cerrar, volvió sobre el principio que, según él, ordena toda la tarea: "Nuestra órbita de trabajo gira en base al derecho superior de las y los niños, esto no está sujeto a opiniones, sino que hay leyes que indican el cómo, y así lo hemos hecho. Las necesidades afectivas, económicas, sociales o políticas de los adultos se deben debatir en otro terreno. El nuestro es reconocer a las niñas y niños como sujetos de derechos y cumplir con nuestras obligaciones como Estado actuante".