Circunvalación deja de ser estatal: quién manejará la autopista y qué pasará con los peajes

La avenida Circunvalación de Rosario vuelve a manos privadas. La empresa CPC SA, del grupo Indalo, se hará cargo del mantenimiento y las obras de la ruta nacional A008 tras ser adjudicada en la licitación del corredor Portuario Norte de la red federal.

La decisión se formalizó el 28 de julio mediante la resolución 1.149/26 del Ministerio de Economía de la Nación. La concesión se extiende por 20 años e incluye también tramos de la autopista Rosario-Buenos Aires y de la ruta nacional 33.

¿Quién se hace cargo de la avenida Circunvalación?

CPC es una constructora perteneciente a Cristóbal López. Este año se inscribió en la licitación de cuatro tramos de la Red Federal de Concesiones que armó el gobierno nacional como parte de su plan de ajuste para garantizar el equilibrio fiscal.

La oferta ganadora contempla el cobro de 1.856 pesos sin IVA por kilómetro en las rutas concesionadas. Sin embargo, la firma no agregará peajes en Circunvalación, según los términos del pliego del corredor Portuario Norte.

Además de la autopista urbana, la constructora administrará la autopista Rosario-Buenos Aires desde el extremo sur de la ciudad hasta el límite interprovincial del arroyo del Medio, entre Theobald y San Nicolás. En ese tramo de 49 kilómetros seguirá funcionando la estación de peaje de General Lagos.

La ruta 33 también quedará bajo su órbita, en un camino mucho más extenso: desde Trenque Lauken, en territorio bonaerense, hasta el cruce con la ruta nacional A012, que recientemente pasó a manos del gobierno de Santa Fe. La licitación se lanzó con un plan para montar cinco cabinas de peaje a lo largo de casi 450 kilómetros, de modo que se sumarán tres puestos en el trayecto.

¿Cuándo fue la última privatización de Circunvalación?

El Estado ya había cedido el mantenimiento de Circunvalación en julio de 2018, poco después del final de su construcción. En la última parte de la presidencia de Mauricio Macri, el gobierno nacional firmó contratos con un modelo de participación público-privada (PPP) para administrar distintas rutas del país.

La autopista urbana de Rosario quedó entonces en manos de la concesionaria Corredor Panamericano, un consorcio integrado por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA y la española Copasa SA.

El plan comenzó a tambalear ni bien arrancó el mandato de Alberto Fernández. Antes de la pandemia ya se barajaba la posibilidad de dar marcha atrás con la privatización. En septiembre de 2020, el entonces ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció la rescisión de los contratos PPP de los corredores viales E y F, este último incluía Circunvalación. La desvinculación definitiva se confirmó en diciembre de ese año tras un acuerdo con las empresas.

Desde entonces, Vialidad Nacional se hizo cargo de la autopista urbana, pero los problemas por el mal estado de la ruta y la falta de mantenimiento no se solucionaron con el paso del tiempo ni con el inicio de la presidencia de Javier Milei.