Cierran la obra social de las Fuerzas Armadas: los 40 empleados tucumanos que se quedan sin trabajo
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Cierran la obra social de las Fuerzas Armadas: los 40 empleados tucumanos que se quedan sin trabajo

Una empleada tucumana del IOSFA se enteró por el Boletín Oficial de que su lugar de trabajo cierra el 30 de noviembre. Lo que le respondieron cuando preguntó por su futuro...

El Gobierno nacional avanzó con la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), una medida que tendrá impacto directo en Tucumán. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial, y el proceso de cierre quedó bajo la responsabilidad de un administrador nombrado por el Ministerio de Defensa.

Según el esquema oficial, las funciones y la reorganización operativa pasarían a manos de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). El traspaso, sin embargo, no evita el cierre de estructuras que hoy funcionan en distintas provincias.

Qué sedes se cierran en Tucumán

La medida alcanza a delegaciones, farmacias, centros de auditoría y centros médicos en varias jurisdicciones. Entre las sedes afectadas se mencionan el centro médico y las oficinas de Tucumán, que dejarían de operar.

El cese de actividades tendría como fecha límite el 30 de noviembre de 2026. A partir de ese momento, cerca de 40 empleados en la provincia quedarían sin trabajo.

Despidos en todo el país y el reclamo de ATE

El plan contempla despidos y la no renovación de contratos de más de mil trabajadores en todo el territorio nacional, incluidos empleados con décadas de antigüedad en el organismo.

Frente a ese escenario, representantes de ATE, trabajadores y afiliados llevan adelante asambleas, sentadas y movilizaciones para rechazar los cierres y exigir la reincorporación del personal.

La preocupación por la atención médica

Las protestas también apuntan a la continuidad de las prestaciones médicas y a la entrega de medicamentos. De acuerdo con los datos difundidos, el cambio alcanzaría a más de 500.000 afiliados en todo el país.

Los reclamos buscan obtener garantías sobre la atención durante el proceso de liquidación y la reorganización de los servicios, en un contexto donde los usuarios temen quedarse sin cobertura.

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