El decreto que reglamentó la ley ya está en marcha y definió quién maneja el registro de pacientes, quién otorga las licencias y qué organismo se queda con una porción clave de las multas. El detalle que pocos miraron.
El Decreto N° 1680, publicado en el Boletín Oficial, terminó de ordenar el mapa de la nueva industria del cannabis en Chubut. La norma ya está en vigencia y dejó una división tajante: un área se ocupa de los pacientes y otra maneja el negocio y las multas.
Con los días, el análisis del texto permitió clarificar el esquema económico que se esconde detrás del cultivo a gran escala en todo el territorio provincial.
Salud, puerta de entrada para los pacientes
El Ministerio de Salud quedó como autoridad central de aplicación de la ley. Será el encargado de manejar el Registro de Usuarios de Cannabis de Chubut.
Su tarea principal: garantizar el acceso seguro a los tratamientos terapéuticos y controlar a los pacientes que cultiven de forma individual o a través de organizaciones de la sociedad civil.
Producción, al frente del negocio y la fiscalización
El motor económico Entró por una ventana a la YPF de San Antonio de los Cobres y la caja fuerte le abrió el camino">y la caja fuerte del sector quedaron bajo la órbita del Ministerio de Producción. La reglamentación confirmó la creación de la Agencia Chubutense de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal, un organismo descentralizado con amplias facultades de fiscalización sobre el mercado.
Esa agencia tiene la responsabilidad exclusiva de emitir las licencias y autorizaciones administrativas. Su jurisdicción abarca todas las etapas productivas: cultivo, almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización del cannabis y el cáñamo.
El incentivo detrás de cada multa
Un punto central es cómo se financia el ente autárquico. Además de las partidas regulares que asigne la cartera de Economía, el organismo tiene un fuerte incentivo propio para ejercer el poder de policía sobre las empresas del sector agropecuario.
La legislación provincial prevé que la agencia retenga el 60 por ciento de lo recaudado en concepto de multas por infracciones al régimen productivo y comercial.
Así, el Estado se dota de una herramienta de control estricta para garantizar la trazabilidad de los productos y penalizar con dureza cualquier desvío en la cadena de ventas.
