Chofer de ambulancia alcoholizado: el Gobierno provincial confirmó su cesantía definitiva

El Gobierno de Entre Ríos selló la suerte de Gustavo Daniel Brumatti, el exchofer de ambulancia que en marzo de 2023 protagonizó un siniestro vial con 2,52 gramos de alcohol en sangre. La administración provincial rechazó su último recurso y ratificó la cesantía por "pérdida de confianza", una sanción que el propio agente intentó revertir por la vía administrativa.

La resolución quedó oficializada mediante el decreto Nº 1999/2026 GOB., publicado este viernes en el Boletín Oficial y al que accedió El Entre Ríos. Con esta medida, el Ejecutivo desestimó el recurso de revocatoria presentado por Brumatti contra el decreto Nº 570/26 GOB., que en su momento había dispuesto su separación definitiva del cargo.

¿Qué ocurrió aquel 17 de marzo de 2023?

El hecho que originó el sumario administrativo tuvo lugar hace más de tres años, cuando Brumatti se desempeñaba como chofer de ambulancia del Hospital San Francisco de Asís de Crespo. Cerca de las 16.20, el agente protagonizó un accidente de tránsito en la intersección de avenida Humberto Seri y calle Estrada.

Tras el choque, personal municipal le realizó un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,52, muy por encima del límite permitido. Además, las autoridades retuvieron el Renault 19 que pertenecía al trabajador.

Los argumentos del exagente para intentar zafar

Al apelar la sanción, Brumatti puso en tela de juicio la validez de la prueba. Sostuvo que no se le realizó un segundo control para confirmar el resultado y que el procedimiento se efectuó contra su voluntad. Incluso denunció haber sufrido coacción física para someterse al test.

También intentó desligarse de la responsabilidad argumentando que, al momento del accidente, no estaba cumpliendo funciones para el hospital, sino para el servicio municipal de emergencias. Por ese motivo, planteó que su conducta no podía vincularse con sus obligaciones como empleado del nosocomio.

La respuesta de la Provincia

El Gobierno provincial no dio lugar a esos planteos y consideró que las actas confeccionadas por la autoridad municipal eran suficientes para acreditar la infracción. Según el decreto, esos documentos habían sido emitidos por funcionarios competentes y cumplían con los requisitos formales necesarios.

“Las manifestaciones vertidas por el recurrente, en torno a la ilicitud de la prueba, son insuficientes a fin de desvirtuar la sanción de cesantía”, sostuvo la resolución.

En el expediente también consta la declaración de Sandra Catalina Scarso, quien era directora del Hospital San Francisco de Asís y médica de tránsito en ese momento. La funcionaria explicó que, al enterarse de lo ocurrido, se decidió “desactivarlo de la guardia pasiva como chofer de ambulancia” como medida de seguridad tanto para el propio agente como para terceros.

¿Por qué la cesantía y no una suspensión?

Uno de los puntos más discutidos durante el proceso fue la disparidad entre la recomendación de la Comisión Asesora de Disciplina y la decisión final del Ejecutivo. La comisión había sugerido aplicar 20 días de suspensión sin goce de haberes, pero el Poder Ejecutivo optó por la cesantía.

El trabajador cuestionó esa medida y pidió que se tuvieran en cuenta su antigüedad, su falta de antecedentes disciplinarios y su desempeño. Sin embargo, la Provincia respondió que el dictamen de la comisión no era vinculante y que la autoridad competente podía apartarse de esa recomendación cuando existieran razones fundadas.

Y las razones, en este caso, estuvieron directamente relacionadas con la naturaleza de la tarea que desempeñaba Brumatti. Para el Gobierno, manejar alcoholizado mientras estaba afectado a una guardia pasiva como chofer de ambulancia quebró la confianza esencial para mantener el vínculo laboral.

“La sanción de expulsión de los cuadros públicos aplicada al recurrente objetivamente se funda en la pérdida de confianza”, remarcó el decreto.

La administración entendió que la conducta resultaba incompatible con las obligaciones de un trabajador cuya función consistía precisamente en conducir una ambulancia y que podía ser requerido en cualquier momento durante la guardia.

De esta manera, el Ejecutivo consideró que la cesantía no era desproporcionada ni irrazonable y desestimó definitivamente el recurso administrativo. Así, más de tres años después del episodio que originó el expediente, quedó ratificada la separación del agente de los cuadros de la administración pública provincial.