Chivilcoy tiene su voz en el Congreso: el diputado que celebró el nuevo castigo a los que entran a los campos

La Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado un proyecto que castiga con prisión el vandalismo en el ámbito rural, una demanda que los productores venían reclamando desde hace tiempo. La votación se dio en el marco de una sesión especial realizada este miércoles: 162 votos a favor, 77 en contra y una sola abstención.

La iniciativa la empujó el pampeano Martín Ardohain (PRO), que preside la Comisión de Agricultura y Ganadería. Entre quienes salieron a respaldarla estuvo el diputado nacional del MID Eduardo Falcone, de Chivilcoy, que aprovechó su exposición para defender el proyecto y, de paso, dejar un mensaje político.

“Tienen que soportar a los chorros”

Falcone explicó por qué su espacio acompañó la ley. “Nosotros, como desarrollistas, entre otras cosas, aparte de que es una cuestión de justicia, ¿por qué apoyamos esta ley? Porque los productores rurales son esenciales para el desarrollo productivo y agropecuario de la provincia y, en este momento, están sufriendo las retenciones, las tasas rurales, la lluvia, el viento y, encima, tienen que soportar a los chorros que se les meten en los campos y amenazan con destruirles propiedades, activos o robarles animales o granos”, señaló.

El legislador chivilcoyano no se quedó solo en el respaldo al articulado. También apuntó contra sectores que, a su entender, relativizan estos hechos. “También quisiera hacer una consideración política, porque algunos dirigentes o políticos casi que convalidan alguno de estos hechos porque piensan que los productores de nuestras ciudades son la oligarquía terrateniente y que habría que hacer la reforma agraria o confiscar los campos. Y la mayoría son pequeños productores que lo único que quieren es trabajar tranquilos, invertir, producir y que sus familias vivan en los predios donde ellos viven”, agregó.

Qué penas establece el proyecto

El texto apunta contra dos conductas bien diferenciadas: los actos de vandalismo sobre elementos e infraestructura rural, y la invasión de la propiedad privada.

En el primer caso, se incorpora el artículo 150 bis al Código Penal, dentro del Título “Delitos contra la libertad”. Allí se fija una pena de un mes a un año de prisión para quien ingrese a establecimientos rurales o sus dependencias “contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.

La voluntad de exclusión se presume cuando existen cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen que no se puede entrar. El proyecto aclara, de todos modos, que no habrá delito si el ingreso responde a “una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.

El máximo de esa pena sube a dos años cuando el ingreso entorpece la actividad productiva rural o genera un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que están en el establecimiento, o para la sanidad de los animales o los cultivos.

Daños a silobolsas y hasta 10 años

El otro eje del proyecto castiga con prisión de dos a ocho años y una multa de tres a doce veces el valor del daño causado a quien destruya elementos que afecten de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario, como las silobolsas. La misma pena se aplica por daños a instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua.

La pena mínima se duplica si el autor o instigador es funcionario público o si se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria. La pena máxima, en tanto, trepa a 10 años cuando el hecho lo cometen tres o más personas de manera coordinada, cuando provoca la pérdida total de la producción o frena el ciclo, o cuando media la violencia.

Ahora la pelota queda del lado del Senado, que deberá tratar el proyecto para convertirlo en ley.