La medida alcanza a 256 trabajadores municipales de planta permanente y llega tras cuatro años sin actualizaciones de este tipo. Qué áreas entran y cómo sigue el trámite, en la nota.
La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, logró un respaldo que en los últimos meses le resultó esquivo en el Concejo Deliberante. Los diez concejales aprobaron por unanimidad el proyecto de ordenanza que habilita la recategorización de 256 empleados municipales de planta permanente, una actualización escalafonaria que no se concretaba desde 2022.
La iniciativa contempla los años de servicio, las responsabilidades y la trayectoria de cada agente dentro del municipio. Antes de llegar al recinto, el Ejecutivo mantuvo reuniones con representantes de los gremios SUOEM y UPCN para discutir los alcances de la medida.
Qué áreas alcanza y qué falta ahora
El proyecto abarca a trabajadores de administración, servicios, obras, mantenimiento y atención al público, entre otras áreas municipales. Con la luz verde del Concejo, el municipio deberá avanzar ahora con los procedimientos administrativos para hacer efectivos los cambios de categoría.
La decisión se tomó en un contexto económico complicado para la comuna, que sigue funcionando con un presupuesto prorrogado. Desde el Ejecutivo habían marcado la actualización de categorías como una prioridad para reconocer la carrera administrativa de los empleados.
Unanimidad en el recinto, tensión puertas afuera
El acompañamiento unánime contrasta con una relación institucional que acumula roces. La intendenta y el Concejo, donde tiene peso el sector que responde al exintendente Fabián Gramajo, protagonizaron varios cruces desde el inicio de la gestión.
Uno de los primeros enfrentamientos fuertes se dio a fines de 2025, cuando los concejales aprobaron el Presupuesto 2026 con una modificación que elevaba del 4% al 11,7% la porción de recursos destinada al Legislativo. Rodríguez vetó la ordenanza y el cuerpo no logró los votos necesarios para insistir.
El conflicto sumó otro capítulo en septiembre de este año, cuando el Concejo modificó el Reglamento Interno para eliminar el requisito de tres años de antigüedad profesional para ocupar la Asesoría Contable. El cambio habilitaba la designación de Karen Uriza, una contadora que llevaba alrededor de un año y medio de recibida. Rodríguez vetó la ordenanza al considerar que la reforma afectaba disposiciones de la Carta Orgánica municipal.
