Chicago: el impuesto que pagarían las empresas con más de 125 empleados

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, presentó el 21 de octubre su propuesta de presupuesto para 2027, un plan de US$17.600 millones que busca cerrar un agujero fiscal de US$882,4 millones. El proyecto, bautizado Chicago’s Fair Share, combina nuevos impuestos, inversiones en servicios públicos y recortes de gastos, pero ya enfrenta el rechazo de una coalición de 29 concejales.

Los cuatro frentes tributarios

Según la presentación oficial del municipio y la cobertura de Block Club Chicago, el paquete incluye US$131,5 millones en nuevas inversiones y alrededor de US$120 millones en ahorros y ajustes. Las medidas fiscales más relevantes son:

Impuesto sobre paquetes: un cargo de US$0,15 por cada envase o paquete que no sea de alimentos ni de medicamentos, incluidos los de entregas a domicilio. La recaudación estimada para 2027 es de unos US$9 millones. La administración lo justifica como un modo de reducir los residuos de embalajes de las compras en línea y lo compara con el gravamen que ya existe sobre las bolsas de los comercios.

Impuesto corporativo por empleado: las empresas que lleguen a 125 trabajadores equivalentes a tiempo completo pagarían US$25 mensuales por cada empleado. El gobierno calcula ingresos por US$101,8 millones, aunque el esquema prevé excepciones y créditos tributarios para las compañías que contraten residentes en zonas socioeconómicamente desfavorecidas, con el objetivo de incentivar la inversión en el sur y el oeste de la ciudad.

Arrendamiento de software y equipos: la tasa general del Personal Property Lease Transaction Tax (PPLT), que también alcanza ciertos servicios informáticos y de computación en la nube, subiría del 15% al 20%. Los arrendamientos de vehículos mantendrían el 15%, mientras que el alquiler de equipos para producción cinematográfica bajaría al 11%. Por estos cambios, el municipio proyecta US$234 millones adicionales.

Apuestas deportivas: el gravamen municipal pasaría del 10,25% al 20%, con una recaudación extra estimada en US$37 millones. Sin embargo, la medida afronta un cuestionamiento judicial sobre la facultad de Chicago para aplicarla.

La resistencia de 29 concejales

Antes de que se conociera el proyecto, un grupo de 29 concejales había fijado tres condiciones para negociar: rechazar el impuesto corporativo por empleado y cualquier otro gravamen que encarezca la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo; evitar un aumento del impuesto inmobiliario; y no depender de fondos estatales que todavía no estén aprobados.

La iniciativa de Johnson cumple las dos últimas, pero insiste con el tributo a las grandes empresas, que concentra el conflicto político. El concejal Brendan Reilly (distrito 42) cuestionó el enfoque del alcalde y sostuvo que el presupuesto no refleja una negociación suficiente con el Concejo.

El aumento del PPLT también genera reparos. Nicole Lee (distrito 11) advirtió que la normativa municipal impide nuevas subas de esa tasa antes de 2028, aunque el Concejo podría modificar esa regla para habilitar el cambio. Otros ediles expresaron preocupación por el impacto de una mayor carga tributaria sobre las empresas y la actividad económica local. Entre los opositores al impuesto corporativo se cuentan Bill Conway (distrito 34) y Brian Hopkins (distrito 2).

Andre Vasquez (distrito 40) adoptó una postura más matizada: se mostró dispuesto a evaluar algunas medidas tributarias, pero manifestó inquietud por el nivel de endeudamiento que contempla el presupuesto.

Johnson defendió su propuesta con el argumento de que las grandes corporaciones deben contribuir al financiamiento de los servicios municipales y que el déficit no puede resolverse solo con recortes de gasto.

El reloj corre hasta fin de año

El Concejo Municipal tiene plazo hasta el 31 de diciembre para aprobar un presupuesto equilibrado que permita financiar el funcionamiento de Chicago durante el próximo año. La propuesta de Johnson deberá pasar por audiencias y negociaciones antes de una eventual votación.

La coalición opositora anticipó que buscará modificaciones. Entre las alternativas que mencionan distintos concejales aparecen una revisión más profunda de los gastos, el cobro de deudas pendientes y la evaluación de programas que podrían financiarse con recursos ya existentes.

El gobierno también proyecta ingresos extra con la ampliación de Smart Streets, un programa que usa cámaras para detectar y sancionar a conductores que estacionan ilegalmente o bloquean carriles de bicicletas y autobuses. Según las estimaciones difundidas, extenderlo a toda la ciudad permitiría obtener unos US$18 millones adicionales.

Otra medida es una amnistía de deudas por infracciones vehiculares, con la que se espera recaudar más de US$6 millones. El programa permitiría a ciertos conductores regularizar multas pendientes pagando los importes originales, sin los cargos adicionales.