Certificados médicos truchos: más de 120 empleados públicos en la mira y una pelea que frena todo

La causa que investiga la presunta presentación de certificados médicos falsos por parte de empleados públicos de Río Negro tuvo un nuevo capítulo en Viedma, pero todavía no hay cargos formulados. Las defensas se plantaron con excepciones de incompetencia territorial y el expediente quedó atrapado en una discusión previa: dónde debe tramitar.

El juez de Garantías Adrián Miguel Dvorzak encabezó la audiencia y explicó que los planteos serán resueltos mediante un auto interlocutorio una vez que terminen las exposiciones de las partes. Recién cuando esa resolución quede firme se podrán realizar las audiencias de formulación de cargos ante el juez que resulte competente.

La investigación involucra a más de 120 empleados públicos y otras personas por la presunta utilización de certificados médicos falsos. La acusación está a cargo de los fiscales Juan Pedro Peralta y Francisco Marano. El Estado rionegrino participa como querellante, representado por el abogado Federico Rosbaco. Las defensas están integradas por Silvio Fernando Garrido, Omar Rubén Jurgeit, Santiago Emiliano Gonzalo Silva y Diego Jorge Broggini.

El planteo que puede cambiar el rumbo

La defensora oficial María Paz Álvarez sostuvo que los hechos atribuidos a sus asistidos no habrían ocurrido en Viedma, sino principalmente en localidades del Alto Valle. Según explicó, los certificados cuestionados habrían sido confeccionados y retirados de un domicilio de Roca y, en el caso de sus representados, presentados ante las reparticiones donde trabajaban en Roca y Cipolletti.

La defensora argumentó que, de acuerdo con la calificación planteada por la Fiscalía, se investiga un supuesto fraude a la administración pública en concurso ideal con el uso de certificado falso. A partir de esa calificación, señaló que el uso del documento se concreta cuando el certificado es presentado ante la autoridad correspondiente.

También planteó que, en el caso de la presunta defraudación, debe considerarse el lugar donde se habría producido el perjuicio patrimonial. En ese sentido, sostuvo que la acreditación de los haberes en las cuentas de los trabajadores se habría producido en relación con agentes que residían en el Alto Valle.

Para la defensa, allí se concentra buena parte de la investigación: mencionó los allanamientos realizados, el secuestro de documentación y elementos informáticos, el consultorio de la profesional investigada y los testigos incorporados por la Fiscalía como sustento de la acusación.

Juez natural y distancia, los otros argumentos

Álvarez también cuestionó que el Ministerio Público Fiscal pueda investigar hechos en toda la provincia y, a partir de esa facultad, determinar dónde se lleva adelante la instancia judicial. Citó normas del Código Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre competencia territorial, y sostuvo que los jueces ejercen prioritariamente su competencia sobre los delitos cometidos dentro de la circunscripción donde tienen asiento o cuyos efectos se produzcan allí.

Según su planteo, aceptar que la causa tramite en Viedma porque la denuncia fue presentada ante organismos provinciales con sede en la capital rionegrina implicaría generar una suerte de fuero de atracción no previsto por la legislación. También hizo referencia a las garantías del juez natural, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la distancia: señaló que algunos de los asistidos se encuentran a más de 500 kilómetros de la capital provincial y que eso dificulta el contacto entre los defensores oficiales y sus representados. Como ejemplo, mencionó las dificultades técnicas para conectar por videoconferencia a numerosas personas durante las audiencias y sostuvo que los defensores no pueden trasladarse de manera habitual al Alto Valle para entrevistar a sus asistidos antes de cada audiencia. Por eso, pidió que la competencia quede radicada en los foros correspondientes a los lugares donde se habrían producido los hechos, principalmente la Segunda y la Cuarta Circunscripción.

Un expediente que todavía no tiene acusaciones formales

Durante la audiencia también surgieron cuestionamientos sobre la modalidad elegida para avanzar con un expediente que reúne a un número elevado de personas. Nicolás Suárez Colman planteó que debería tratarse como un único expediente y señaló que la cantidad de involucrados complica el desarrollo de las audiencias. En ese contexto, cuestionó que se avanzara con una modalidad en la que primero deben resolverse las excepciones planteadas.

Dvorzak explicó que justamente por ese motivo se decidió avanzar primero con las excepciones previas. Indicó que las resoluciones serán dictadas mediante un auto interlocutorio al finalizar las audiencias y que las partes tendrán los plazos correspondientes para recurrirlas. Hasta que esa decisión quede firme, no se realizarán las formulaciones de cargos. El juez remarcó que primero debe determinarse cuál es el magistrado competente para intervenir en el caso.

Además, respecto de las personas que no estuvieron presentes o no fueron notificadas, se solicitó que se fije una nueva audiencia.

La investigación por los certificados médicos presuntamente falsos comenzó en mayo de 2024, a partir de una denuncia presentada por el Gobierno de Río Negro. La hipótesis fiscal sostiene que trabajadores estatales habrían utilizado documentación médica con diagnósticos presuntamente falsos para justificar enfermedades y licencias laborales. La causa también busca determinar la eventual responsabilidad de quienes habrían emitido los certificados y de quienes podrían haber intervenido como gestores o facilitadores de la documentación.

En junio de este año estaba prevista una audiencia de formulación de cargos, pero fue suspendida debido a la cantidad de personas involucradas. En ese momento se indicó que eran cerca de 120 los acusados y se resolvió avanzar mediante diferentes audiencias. La audiencia actual forma parte de ese esquema. Sin embargo, antes de discutir las acusaciones concretas contra cada uno de los imputados, el juez deberá resolver los planteos de incompetencia presentados por las defensas.

Por ahora, entonces, la discusión central no está puesta en si corresponde o no formular cargos, sino en qué circunscripción judicial debe tramitar la causa.