Cerro Negro: un organismo estatal necesitó una orden judicial para poder entrar al yacimiento

El funcionario provincial Sebastián Santillán reveló que la inspección en el yacimiento minero de Santa Cruz derivó en una situación límite: los inspectores no pudieron ingresar y debieron recurrir a la Policía y después a la Justicia.

Santillán se refirió a las inspecciones realizadas en Cerro Negro y a la situación planteada por CAPROMISA en torno a los proveedores mineros. En ese marco, sostuvo que el Gobierno de Santa Cruz promueve la actividad minera, la inversión y la generación de empleo local, con el objetivo de que las empresas santacruceñas accedan a oportunidades de trabajo y contratación.

Pero remarcó que ese desarrollo debe darse dentro del marco legal vigente y con la seguridad de los trabajadores como prioridad. En ese sentido, señaló que Newmont, al igual que cualquier empresa que opere en territorio provincial, debe respetar la legislación y permitir el ejercicio de las facultades de control de los organismos competentes.

Un antecedente que pesa

Santillán recordó que los problemas de seguridad laboral en Cerro Negro no son nuevos. En abril de 2024, dos trabajadores perdieron la vida en el yacimiento, un antecedente que, según dijo, obliga a sostener y profundizar las medidas de prevención y fiscalización.

“Acá ya hubo trabajadores que fueron a cumplir su jornada y no regresaron a sus casas. Por eso no podemos banalizar un control ni presentar una inspección como si fuera una persecución. El Estado tiene la obligación de controlar y la empresa tiene la obligación de cumplir”, remarcó.

El funcionario indicó además que, a partir de distintas inspecciones posteriores, el Gobierno provincial formuló observaciones y requerimientos de medidas correctivas.

El ingreso trabado y la intervención judicial

Santillán también se refirió al último operativo provincial en Cerro Negro y sostuvo que, al momento de la inspección, los funcionarios encontraron impedimentos para ingresar al establecimiento. Según su relato, la situación requirió intervención policial y posteriormente una orden judicial para concretar el ingreso de la comitiva provincial.

“Hay que dimensionar lo que ocurrió. Un organismo del Estado fue a ejercer una facultad de control y terminó necesitando una orden judicial para ingresar. Eso no puede naturalizarse”, señaló.

Durante las inspecciones, según explicó, se dispusieron ceses de tareas ante situaciones consideradas riesgosas y se detectaron distintas irregularidades que quedaron bajo análisis de los organismos provinciales correspondientes.

El reclamo de los proveedores

El funcionario también se refirió al planteo de CAPROMISA respecto del posible impacto que la situación puede generar sobre los proveedores y trabajadores vinculados con la actividad minera.

“Entendemos perfectamente la preocupación de los proveedores y queremos que tengan trabajo. Pero también esperamos que todos acompañen algo tan elemental como exigir seguridad y cumplimiento de las normas”, sostuvo.

En este sentido, Santillán planteó que el desarrollo de la actividad minera debe contemplar de manera conjunta la inversión, el empleo, la participación de proveedores locales y el cumplimiento de las obligaciones legales y de seguridad.

Finalmente, el funcionario ratificó la voluntad de la Provincia de acompañar una minería que genere oportunidades para Santa Cruz, pero dentro de un marco de responsabilidad y cumplimiento.