Cerraron tres concesiones petroleras, pero hay dos reclamos que quedaron abiertos

El Gobierno provincial ratificó con el Decreto 1526/26 el acuerdo que puso fin a las concesiones hidrocarburíferas CA-12 Río Cullen, CA-13 Las Violetas y CA-14 Angostura. El convenio define cómo se reparten los bienes, quién paga las deudas y qué pasa con los pozos y los pasivos ambientales. La firma no implicó que la producción se detuviera: se montó una operación transitoria hasta que se defina la próxima adjudicación.

El cierre quedó sellado a las 17 del 18 de agosto de 2026 y fue suscripto con la UTE formada por ROCH S.A., Crown Point Energía S.A., Desarrollos Petroleros y Ganaderos S.A. y SECRA S.A. Desde esa fecha, la Provincia recuperó la titularidad de las áreas y los bienes sujetos a reversión.

Qué recibió el Estado

La reversión incluye la infraestructura fija de los tres bloques: plantas, baterías, ductos, equipos y otros elementos de explotación. Entre los activos más importantes aparecen las plantas Río Cullen, Río Chico, La Marina y San Luis, junto a instalaciones distribuidas en los tres sectores.

Vehículos, existencias de almacenes y ciertos stocks de producción no estaban en el listado original. Parte de esos bienes se sumó después como forma de pago de obligaciones de la UTE. Según informó el Gobierno, el valor conjunto de lo recibido supera los USD 4 millones.

Deudas y dación en pago

El acuerdo reconoce deudas de la UTE por $492,9 millones en regalías, $69,4 millones por canon y $6,9 millones por Ingresos Brutos. En total, unos $569,3 millones. A eso se suman USD 450.000 por canon de superficie, equivalentes a unos $688,5 millones, lo que eleva el total estimado a $1.258 millones.

Para cancelar esas obligaciones se entregarán vehículos, materiales, repuestos y otros bienes. La dación en pago fue pactada por hasta USD 1,4 millones, unos $2.142 millones.

Qué pasó con los trabajadores

Los anexos identifican 53 trabajadores vinculados a las áreas al momento del cierre. De ese total, 46 quedaron alcanzados por la finalización de las relaciones laborales y sus indemnizaciones, mientras que siete siguieron ligados a la UTE para completar las tareas pendientes. Las indemnizaciones de la etapa concesional quedan a cargo de la UTE.

Pasivos ambientales y pozos

La devolución de las áreas no extingue las responsabilidades ambientales de las empresas. El acuerdo fija las tareas de saneamiento, remediación y abandono que debe completar la UTE, y aclara que no alcanza con ejecutarlas: la Secretaría de Ambiente debe verificarlas y aprobarlas. Si aparecen nuevas afectaciones, puede exigir estudios o trabajos adicionales.

De los 39 pozos identificados para abandono, 25 siguen en manos de la UTE: 13 en Las Violetas, siete en Angostura y cinco en Río Cullen. Los otros 14 quedan liberados de esa obligación para las empresas y pasan a la Provincia: nueve en Las Violetas, cuatro en Río Cullen y uno en Angostura. Además, cuatro pozos de Río Cullen fueron separados del listado porque serán transferidos a Estancia Cullen para uso como pozos de agua.

Las dos controversias que siguen vivas

Pese al cierre general de reclamos, el acuerdo dejó expresamente abiertas dos disputas. La primera es una demanda de la UTE contra la Dirección Provincial de Energía por facturas de provisión de gas y el IVA aplicado a esas operaciones. El conflicto nació con el Decreto Nacional 751/12, que quitó los beneficios impositivos y aduaneros de la Ley 19.640 para petróleo y gas. En 2017, el Decreto 520/17 corrigió el tratamiento para las ventas de gas natural y GLP producido en Tierra del Fuego y destinado al consumo interno, pero sin efecto retroactivo sobre las diferencias anteriores.

El reclamo original fue estimado en USD 795.839,28, unos $1.217,6 millones. Según el propio acuerdo, la demanda tiene sentencia favorable a la UTE de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, pero la Provincia apeló y la causa sigue abierta.

La segunda controversia es el recurso que ROCH presentó el 12 de agosto de 2026 contra la Resolución 82/26 del Ministerio de Energía, que rechazó su pedido de extensión de las concesiones. El acuerdo aclara que la firma no implica renunciar a esa impugnación.