Cerraron el último recurso: ratifican el desalojo en Las Pailas tras 16 años de pelea judicial
Tras 16 años de litigios, la Justicia de Salta ratificó el desalojo en Las Pailas. ¿Qué argumentos usó la jueza para rechazar el último recurso de la comunidad?
La Justicia salteña puso punto final a una larga batalla por la tierra. Rechazó el último intento de la comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas para anular el desalojo ejecutado el 12 de junio en la Finca Las Pailas, en Cachi. La decisión, firmada el 24 de junio por la jueza María Fernanda Diez Barrantes, es definitiva.
El fallo confirmó que el lanzamiento se realizó conforme a derecho y que los documentos presentados por la comunidad después de la medida no pueden revertir una sentencia firme que data de 2013, ratificada por la Cámara de Apelaciones.
¿Qué dijo la jueza?
La magistrada fue clara: durante todo el proceso, la comunidad nunca logró acreditar su intervención legal. El demandado Agustín Mamaní no actuó en representación de ella, y los pedidos para incorporarla al expediente fueron rechazados desde el inicio. Es más, la personería jurídica de la comunidad se inscribió el 18 de diciembre de 2012, cuando la sentencia ya estaba dictada. El relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas llegó después del fallo. Para la jueza, esos elementos no pueden modificar una decisión judicial consolidada.
La Ley 26.160 no detuvo la sentencia
Otro punto clave: la Ley Nacional 26.160, que suspendió desalojos de comunidades indígenas mientras se hacían relevamientos, no anuló la sentencia. Solo postergó su ejecución. Con el Decreto 1083/2024, que levantó la suspensión, la Justicia quedó habilitada para ejecutar el lanzamiento. “La suspensión del lanzamiento por aplicación de la Ley 26.160 no afectó la autoridad de la cosa juzgada, sino que únicamente postergó su ejecución”, dice la resolución.
¿Qué pasó el 12 de junio?
Ese día, el juez de Paz Rafael Mamaní, acompañado por policías y representantes de los propietarios, recorrió la finca (Matrícula 1025). Notificaron a los ocupantes. Uno de ellos, Dante Guzmán, reconoció que había dejado de pagar el alquiler a la familia Wayar hacía tres años y pidió tiempo para retirar sus cosas. Otros tres ocupantes fueron desalojados en similares condiciones. Se retiraron herramientas, maquinaria, animales y muebles. A las 18 horas, el operativo terminó sin incidentes.
La jueza aclaró que quienes se consideren con derechos sobre esas tierras pueden iniciar otras acciones judiciales, pero este expediente está cerrado.
