Centro Chileno: la comisión que quiere entrar a la fuerza y la conducción que la espera con un papel bajo el brazo

La comisión normalizadora designada por Personas Jurídicas intentó tomar el edificio con escribana y policía, pero no pudo. La conducción de Pedro Díaz se atrinchera en la sede y ahora evalúa denuncias penales.

El Centro Chileno de Río Gallegos volvió a ser escenario de un conflicto institucional que lleva años sin resolverse. Esta vez, la disputa por la conducción de la entidad derivó en un operativo fallido para ocupar la sede de la avenida Presidente Néstor Kirchner.

El lunes 19 de octubre, la comisión normalizadora que designó la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz intentó ingresar al edificio para comenzar sus funciones. Lo hizo con una escribana y presencia policial, pero no logró su objetivo: los integrantes de la conducción que permanecen en el lugar se opusieron.

El episodio no fue aislado. El jueves 22 de octubre se convocó a una conferencia de prensa para abordar la situación institucional, mientras las repercusiones judiciales y políticas no dejaban de crecer.

El origen del conflicto

La grieta se abrió después de la asamblea del 22 de diciembre de 2022, cuando se eligió una comisión directiva encabezada por Pedro Díaz. Un grupo de socios cuestionó la validez de esa elección y la conformación del padrón utilizado.

Las impugnaciones derivaron en actuaciones administrativas y judiciales que siguen sin resolución definitiva. En octubre de 2026, Personas Jurídicas dispuso la creación de una comisión normalizadora para regularizar el funcionamiento de la asociación.

Pero la conducción de Díaz sostiene que existe una medida judicial de no innovar que impide modificar la administración mientras no se resuelva el fondo del conflicto. Esa diferencia de interpretaciones es el nudo del enfrentamiento.

Qué dice Personas Jurídicas

Olga Álvarez, secretaria general del organismo provincial, explicó públicamente que el objetivo es regularizar la situación administrativa y permitir que los socios elijan nuevas autoridades. Según indicó, el mandato de Díaz venció el 22 de diciembre de 2024.

Desde esa dependencia consideran necesario actualizar el padrón de socios, regularizar documentación y balances pendientes, y convocar a elecciones. Para eso se designó una comisión normalizadora integrada por Blanca Pacheco y otros dos representantes, con un plazo inicial de 90 días que puede extenderse.

Pacheco confirmó en declaraciones a FM Ciudad que el grupo intentó ingresar al edificio con escribana y presencia policial. Explicó que el propósito es ordenar el funcionamiento administrativo y llamar a elecciones para que los asociados definan quiénes conducirán la entidad.

También manifestó su preocupación por los socios que, según su postura, quedaron excluidos de la participación institucional a partir de las modificaciones del padrón. Desde este sector sostienen que la normalización permitirá recuperar el funcionamiento democrático de la asociación.

La posición de Díaz y el planteo judicial

Pedro Díaz, que continúa ejerciendo la conducción junto al vicepresidente Raúl Burgos, rechaza el procedimiento impulsado por Personas Jurídicas. Su argumento central es que el conflicto por las elecciones de 2022 sigue judicializado y que existe una medida cautelar que impide modificar la situación de las autoridades hasta que haya una resolución judicial.

La abogada Andrea Camporro, representante legal de la conducción, también cuestionó la forma en que se intentó avanzar y sostuvo que no hubo una notificación judicial formal que habilitara el cambio de autoridades. Desde este sector insisten en que no se trata de desconocer las facultades de los organismos públicos, sino de respetar las actuaciones judiciales en trámite.

Este viernes 23 de octubre, Díaz volvió a pronunciarse públicamente. En declaraciones difundidas por El Mediador, cuestionó la actuación de Personas Jurídicas y planteó una contradicción entre las objeciones a la elección de 2022 y el argumento actual sobre el vencimiento del mandato.

"En 2024 decían que estábamos mal electos y ahora dicen que el mandato nuestro está vencido", manifestó. Además, adelantó que evalúan presentar denuncias penales contra Olga Álvarez, en una nueva derivación del enfrentamiento institucional.

Estas afirmaciones forman parte de la posición de Díaz y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la legalidad del procedimiento administrativo.

El Concejo Deliberante se pronunció

El conflicto también llegó al ámbito político. Durante la sesión ordinaria del jueves 22 de octubre, el Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó por unanimidad una resolución de repudio a lo que definió como una injerencia e intervención indebida con fines políticos en la integración de la comisión directiva de la Asociación Centro Chileno.

El pronunciamiento fue informado oficialmente por el cuerpo legislativo municipal. Sin embargo, la resolución constituye una posición institucional del Concejo y no reemplaza las decisiones administrativas o judiciales que corresponden a los organismos competentes.

Preocupación entre feriantes y actividades

Más allá de la disputa por las autoridades, el conflicto genera incertidumbre entre quienes usan habitualmente las instalaciones del Centro Chileno. La asociación es un espacio de referencia para la comunidad chilena de Río Gallegos y alberga actividades culturales, deportivas, sociales y ferias comerciales.

Durante el episodio del lunes, la presencia de integrantes de ambos sectores y de personas vinculadas con las actividades del establecimiento derivó en momentos de tensión. Finalmente, se estableció un plazo de 72 horas para intentar encontrar una salida mediante el diálogo y evitar nuevos enfrentamientos.

Desde Personas Jurídicas manifestaron su intención de garantizar la continuidad de las actividades habituales mientras se desarrolla la normalización. Por su parte, la conducción que permanece en el edificio sostiene que sus decisiones buscan preservar el funcionamiento de la asociación hasta que se resuelva la controversia judicial.

Qué puede pasar ahora

El futuro inmediato de la institución dependerá de las actuaciones administrativas y judiciales de los próximos días. La comisión normalizadora pretende comenzar las tareas de regularización y preparar una nueva convocatoria electoral. La conducción de Pedro Díaz mantiene sus cuestionamientos y anticipó nuevas presentaciones legales.

Uno de los aspectos centrales será determinar el alcance de la medida cautelar invocada por las autoridades actuales y su relación con las facultades administrativas de Personas Jurídicas.

Mientras tanto, la Asociación Centro Chileno sigue atravesando un conflicto que lleva varios años sin solución definitiva, con posiciones enfrentadas sobre la legitimidad de las autoridades y el procedimiento para renovar la conducción. La expectativa está puesta en que las diferencias se resuelvan por las vías institucionales y judiciales, preservando las actividades de una entidad con larga trayectoria en la comunidad de Río Gallegos.