Caza furtiva en Areco: piden que los galgueros “estén presos” tras invasiones y maltrato animal

San Antonio de Areco vive una escalada de caza furtiva con galgos que desató un reclamo unificado de productores, activistas y el municipio. El intendente Francisco Ratto fue tajante: “Para mí, deberían estar presos los galgueros”. La situación ya provocó un fallo histórico de la Justicia bonaerense.

El avance de la caza furtiva motorizada por perros galgos dejó de ser un problema de convivencia para convertirse en un delito complejo que afecta la producción, vulnera la propiedad privada y agota los recursos de seguridad locales. El drama es de tal magnitud que unificó el reclamo de los productores, las protectoras de animales y el gobierno municipal, quienes exigen reformas legislativas de fondo y un mayor acompañamiento de la Justicia provincial.

¿Qué dijo el intendente sobre los galgueros?

En diálogo con TN, Francisco Ratto graficó el hartazgo de la comunidad: “Lo que nos espanta es el maltrato animal hacia los perros; es una lucha diaria. La raza de galgo es muy maltratada”. El jefe comunal describió que la dinámica de los galgueros genera múltiples perjuicios: invaden la propiedad privada, sus perros desatan desmanes en los rodeos y provocan daños directos a los animales de cría y severas pérdidas en la producción agropecuaria. Además, alertó que bajo la pantalla de la caza suelen registrarse robos en los establecimientos.

Por esta razón, la intendencia decidió endurecer los controles y avanzar en una legislación local más severa. “Nosotros estamos impulsando una nueva ordenanza en lo que son las multas y los daños que se provocan. Necesitamos que toda la provincia tenga una mirada más integral y más dura contra estas personas que maltratan a los animales y arruinan la producción de otros”, disparó Ratto sin rodeos. El mandatario también remarcó el peligro que corren las activistas locales: “Las chicas de las protectoras recibieron amenazas muy serias; necesitamos que la justicia nos acompañe”.

El drama desde el campo: “Éramos el coto de caza de la región”

Desde el sector productivo, el diagnóstico es igual de alarmante. Estanislao Ramos, presidente de la Asociación Regional de Productores Agropecuarios (ARPA), señaló que los ingresos ilegales a los campos se concentran con mayor agresividad durante los fines de semana, convirtiendo a Areco en un imán para cazadores furtivos de toda la zona norte bonaerense. “Venían de Baradero, de Zárate, de San Andrés de Giles y de Capitán Sarmiento. Éramos el coto de caza de la región”, describió Ramos.

Esta invasión recurrente generaba un efecto colateral crítico sobre la operatividad de las fuerzas de seguridad: el desvío y derroche de recursos esenciales. “Nos dábamos cuenta de que estábamos gastando todo el gasoil de la Patrulla Rural en perseguir galgueros, cuando ese combustible podría ser utilizado para alguna cuestión mayor, más importante, como puede ser un robo, un asalto o sacar a una persona del campo un día de lluvia”, argumentó con preocupación el dirigente agropecuario.

Ramos fue tajante al explicar el problema de fondo: “Hasta que los jueces no entiendan que ingresar a una propiedad privada es una invasión, y que esa es la primera instancia que tenemos que trabajar, la situación no va a cambiar”. El dirigente advirtió sobre la desprotección y el temor de las familias rurales, ya que “mucha gente que vive en los establecimientos no quiere ir a sacarlos o pasar por una situación fea de enfrentamiento; no son situaciones agradables en la mayoría de los casos”.

Asimismo, deslindó de responsabilidades a los animales: “El perro no tiene la culpa de nada, sino quien los maneja. Ellos usan al perro de escudo y como herramienta de caza. Lo que queremos es dejar de gastar recursos para correr a los galgueros”. Ramos denunció además una preocupante impunidad en los procedimientos actuales: “Los cazadores dejan los autos en el ejido urbano y entran a cazar. Los patrulleros los encuentran y terminan usándolos como remis: los llevan hasta el auto y no pasa nada, no tienen un castigo”.

Frente a este escenario, productores y autoridades locales llevaron el planteo al Gobierno bonaerense en una reunión con la Secretaría de Seguridad de la provincia, donde las autoridades provinciales coincidieron en todos los conceptos expuestos.

Un fallo histórico que marca un antes y un después

El malestar y la urgencia regulatoria tienen su correlato directo en una reciente resolución de los tribunales bonaerenses. En lo que fue calificado como un procedimiento histórico para la región, la Justicia ordenó, por primera vez en el partido, el secuestro y la entrega en custodia judicial de dos perros galgos que eran utilizados para la caza ilegal dentro de un establecimiento privado de San Antonio de Areco.

La medida fue impulsada de manera coordinada por el fiscal Lisandro Masson, titular de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial de Mercedes, y ejecutada por el Comando de Prevención Rural (CPR), sentando un precedente inédito en la persecución del furtivismo dentro de las chacras de la provincia. Los animales rescatados fueron entregados en carácter de depositarias judiciales a los miembros de la asociación civil “Corazones Vagabundos”.

El informe de los médicos veterinarios que revisaron a los ejemplares aportó datos contundentes: a pesar de ser jóvenes, ambos galgos presentaban un severo deterioro físico, lesiones compatibles con maltrato, dolores crónicos y posibles hernias. Los especialistas explicaron que el cuadro clínico denotaba prácticas habituales de la actividad clandestina, tales como la restricción prolongada de alimentos con el fin de incrementar de forma cruel el instinto de persecución de las presas durante las jornadas de caza.

Sin embargo, lo que el activismo y los defensores de la seguridad rural celebraron como un límite a la impunidad, desató una violenta reacción por parte de los sectores que defienden la práctica clandestina. La ONG local quedó atrapada en medio de una intensa ola de agresiones, insultos y amenazas que obligaron a sus integrantes a aclarar públicamente que ellos no realizaron la denuncia inicial, sino que intervinieron exclusivamente a requerimiento del fiscal Masson para salvar la vida de los caninos.

Actualmente, mientras la entidad —que arrastra una deuda veterinaria millonaria y subsiste gracias a rifas— busca desesperadamente hogares de tránsito que ofrezcan contención emocional a los animales, la fiscalía avanza sobre las responsabilidades penales de los infractores.

Para blindar legalmente al municipio, Ramos anticipó que se implementarán cambios drásticos: “Nos pusimos de acuerdo con el Intendente Ratto para que una serie de artículos de la Ley 10.081/83 se cumplan rigurosamente, porque esto es un delito que permite el decomiso de los perros”. Además, reveló que tomaron como modelo una herramienta exitosa de la región: “Tomamos una ordenanza del partido de Las Heras que funciona bien y la enviamos al Concejo Deliberante para que le den celeridad a la cuestión”. El dirigente aclaró que “no hay intención de confiscar a ningún perro” de forma arbitraria, sino que se busca proteger el respeto a la propiedad privada y evitar los graves desarreglos que estas invasiones provocan en establecimientos con hacienda y centros de reproducción equina.

Respaldo institucional y político contra el flagelo

El conflicto en San Antonio de Areco coincide con un fuerte pronunciamiento a nivel provincial. El Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA) manifestó su profunda preocupación por los reiterados hechos de caza furtiva en territorio bonaerense y recordó la plena vigencia del Artículo 273 del Código Rural de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 10.081/83), norma que prohíbe taxativamente la formación de cuadrillas de caza, la actividad nocturna y el uso de perros galgos o luces artificiales que atenten contra la fauna silvestre.

En tanto, el propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, fijó una postura contundente a través de su cuenta oficial de TikTok. “Muchos creen que la caza con galgos es un hobby, pero el daño es real. La caza con galgos lastima fauna, rompe el equilibrio ambiental y genera conflictos con productores”, sentenció. Asimismo, apuntó contra el ingreso ilegal a los campos y justificó la intensificación de las tareas de prevención. “Implica ingresar a campos privados sin permiso, causando pérdidas y riesgos para quienes trabajan la tierra. Por eso intervenimos: para frenar este tipo de prácticas ilegales, proteger la biodiversidad y la propiedad”, remarcó el ministro, concluyendo con una premisa clave: “Cuidar la fauna también es cuidar el campo”.

Ante este escenario de respaldo generalizado, el intendente Ratto reiteró la urgencia de que el Ejecutivo declare formalmente la veda de caza en el distrito, dado que la actual temporada agudiza el arribo de infractores de otras jurisdicciones. “Necesitamos legislación que nos acompañe y leyes condenatorias frente a estos delitos. Estaría bueno que la legislación sea homogénea en el resto de la provincia para avanzar con firmeza”, concluyó el jefe comunal.