Cayó una red de lavado con 47 allanamientos en Mendoza y otras 4 provincias
La Justicia ya tiene en su poder un botín millonario que podría ser la clave para destrabar toda la causa.
La Operación Triángulo dejó al descubierto una presunta organización dedicada al lavado de dinero y a maniobras contra el comercio exterior. El despliegue incluyó 47 allanamientos simultáneos en cinco provincias, entre ellas Mendoza, y el secuestro de un importante botín tecnológico y documental.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, la red operaba mediante la triangulación de facturaciones, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas. La investigación estuvo a cargo de la Gendarmería Nacional, con el respaldo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y de unidades de las regiones II, III, VI, IX y X de esa fuerza.
Cómo se desarrolló el operativo
Los allanamientos se realizaron de manera simultánea por orden del magistrado interviniente. Los objetivos fueron domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas vinculadas con despachantes de aduana en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones.
El objetivo principal era recolectar pruebas que permitieran profundizar la pesquisa sobre las presuntas maniobras relacionadas con el comercio exterior y el movimiento de fondos.
Qué secuestraron
Durante los registros, los efectivos incautaron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles y 28 CPU, además de discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR y tokens bancarios. También secuestraron armas de fuego y documentación contable y societaria, todo incorporado a la causa.
Según el avalúo preliminar, el valor de los elementos secuestrados supera los 55 millones de pesos.
La investigación está a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, cuyo titular ordenó continuar con las diligencias procesales. La causa contempla, entre otras hipótesis, presuntas infracciones al Código Aduanero y maniobras vinculadas con el lavado de activos.
Concluida la fase operativa, la Justicia deberá analizar la documentación y los dispositivos secuestrados para determinar el alcance de las maniobras y las eventuales responsabilidades penales.
