Cayó un bunker de drogas en Alto Comedero y ahora el Estado recupera la casa
La Justicia ya había imputado a dos administradores del lugar, pero la vivienda volvió a ser usada para vender droga. Ahora, un nuevo operativo la sacó de las manos de los narcos y el Estado se queda con la propiedad.
Un operativo contra el narcomenudeo en el sector del Aeroclub de Alto Comedero terminó con la desarticulación de un punto de venta de estupefacientes y con una decisión judicial que devolverá la vivienda al patrimonio provincial.
El procedimiento fue solicitado por la fiscal con competencia en Narcomenudeo, Angélica Solís, y autorizado por el juez Pablo Pullen Llermanos. Según confirmaron fuentes judiciales, el allanamiento se ejecutó en las primeras horas de este viernes en una residencia ubicada en las inmediaciones del sector Aeroclub, con la participación del ayudante fiscal Abraham González y efectivos de las fuerzas de seguridad.
Secuestro de sustancias
Durante el registro, los peritos incautaron 198 envoltorios de polietileno y dos paquetes adicionales con sustancia pulverulenta. Las pruebas de narcotest dieron positivo para clorhidrato de cocaína y pasta base, con un peso total que supera los 108 gramos.
Además, la policía secuestró 220.460 pesos en efectivo, seis teléfonos celulares, tarjetas de débito, dispositivos USB, documentación personal y un cuchillo con vestigios de estupefacientes que, según las pericias, era utilizado para estirar y cortar las dosis.
Como resultado de la medida, cuatro personas —tres mujeres y un hombre— quedaron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
Un punto de venta reincidente y la restitución
La causa arrastra antecedentes recientes: dos antiguos administradores del lugar ya habían sido imputados y están próximos a afrontar un juicio oral. Pese a esas actuaciones, la Fiscalía detectó que la vivienda había sido ocupada nuevamente para continuar con el expendio de sustancias.
Los investigadores determinaron que la venta se realizaba de manera veloz a través de un portón en el frente del domicilio, lo que evitaba la visibilidad hacia el interior.
Ante la reincidencia en la actividad delictiva en el lugar, el Ministerio Público de la Acusación acreditó que el terreno pertenece nominalmente al Estado Provincial. Finalizado el allanamiento, la Justicia dispuso la consigna policial permanente y la custodia del inmueble como paso previo al desalojo definitivo y la restitución formal de la propiedad a las arcas públicas.
