Causa Viento Sur: extienden embargos a exfuncionarios y a la cooperativa por el desvío de $1.200 millones

La justicia neuquina resolvió prorrogar por seis meses los embargos dictados en el marco de la causa que investiga el supuesto desvío de más de $1.200 millones destinados a capacitaciones laborales que nunca se realizaron. La medida alcanza a ocho imputados, entre ellos dos exministros provinciales, y a la cooperativa Viento Sur, en el centro de la pesquisa.

La decisión se tomó este lunes en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde la fiscal del caso, Rocío Rivero, junto con la querella, solicitó extender las medidas cautelares vigentes. El pedido se apoya en que, según la fiscalía, los riesgos procesales se mantienen e incluso se consolidaron tras la acusación formal contra los ocho imputados por el delito de administración fraudulenta.

Qué se embargó y qué pasó con los vehículos

El juez de garantías Lucas Yancarelli, a cargo de la audiencia, dispuso la prórroga de los embargos sobre tres inmuebles de la cooperativa, cuatro automotores bajo la modalidad de depósito judicial y un plazo fijo constituido con fondos de las cuentas de la entidad. La medida regirá por seis meses a partir del vencimiento de las anteriores.

Las defensas particulares no se opusieron al pedido, aunque pidieron precisiones sobre el uso de los vehículos. La fiscal aclaró que los automotores siguen embargados, pero el secuestro físico fue dejado sin efecto para que la organización pueda utilizarlos en el traslado de alimentos a comedores y en otras tareas comunitarias.

La teoría fiscal: un esquema de desvío con exfuncionarios y particulares

Según la acusación, la maniobra consistió en un supuesto esquema por el cual el Estado provincial entregaba fondos a la cooperativa Viento Sur para capacitar a integrantes de organizaciones sociales. Sin embargo, el dinero habría tenido otro destino: adquisición de bienes inmuebles, automotores y transferencias a cuentas particulares de los imputados.

La investigación atribuye a los exministros Abel Di Luca y Germán Chapino, junto a Diego Mauro, S.E.B. y L.L.V., el rol de coautores. Como partícipes necesarios figuran B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S. Para el Ministerio Público Fiscal, la actuación coordinada entre funcionarios y particulares frustró la finalidad de un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, ejecutado entre 2022 y 2023, con un perjuicio estimado en $1.208.657.600, según valores históricos.

El programa exigía controles previos obligatorios antes de cada desembolso, como la verificación de la regularidad institucional de la organización, la certificación de autoridades, un plan de acción, un padrón verificable de beneficiarios y la acreditación de que las capacitaciones se habían realizado efectivamente.

Dictámenes desfavorables que fueron ignorados

La investigación sostiene que la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables que fueron ignorados y los pagos continuaron. A los exministros se les atribuye haber autorizado pagos mensuales a la cooperativa sin verificar los requisitos, aceptando rendiciones incompletas, inconsistentes o inexistentes.

A los integrantes de Viento Sur se les reprocha haber solicitado, recibido y administrado los fondos con conocimiento de su destino específico, presentando comprobantes que no coincidían con los movimientos bancarios, duplicando gastos y omitiendo información para sostener los desembolsos. A los tres partícipes necesarios se los acusa de recibir fondos sin contraprestación, integrando el esquema que permitió consumar el perjuicio.