Causa Molino Fénix: la Fiscalía aún no envió el pedido de desafuero de Joaquín Beltrán y la Cámara espera
La Fiscalía aún no oficializó el pedido de desafuero de Joaquín Beltrán en la causa Molino Fénix. ¿Qué espera la Cámara de Diputados? Los detalles que pueden definir su futuro.
El presidente de la Cámara de Diputados de San Luis, Alberto Leyes, confirmó este miércoles que el Ministerio Público Fiscal no presentó todavía el pedido formal de desafuero del legislador Joaquín Beltrán, imputado en la causa conocida como Molino Fénix. La decisión sobre el futuro político y judicial de Beltrán sigue en suspenso.
“Todavía no ha ingresado ningún pedido de desafuero”, afirmó Leyes en declaraciones periodísticas, despejando las especulaciones que surgieron tras la audiencia del lunes.
¿Qué pasó el lunes en los tribunales?
El fiscal de la causa, José Olguín, solicitó el lunes el desafuero de Beltrán durante la audiencia en la que se amplió la formulación de cargos contra los imputados. Sin embargo, el juez Santiago Ortiz aclaró que no podía resolver sobre la situación del diputado y señaló que el requerimiento debía ser presentado por el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Diputados.
Una vez que ingrese el pedido formal, será girado a comisión y deberá ser tratado en la sesión siguiente. Para aprobar el desafuero, se requerirá el voto de dos tercios de los diputados.
Los cargos que pesan sobre Beltrán
Beltrán, legislador por el departamento Pedernera, está imputado por administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia y asociación ilícita. La investigación también alcanza a Anabela Lucero, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres.
La Fiscalía investiga presuntos delitos cometidos durante la administración de la Casa de la Música del Complejo Molino Fénix, en Villa Mercedes, durante la gobernación de Alberto Rodríguez Saá.
Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplen una prisión preventiva de 60 días. Beltrán podría quedar en la misma situación si la Cámara de Diputados aprueba su desafuero y la Justicia dispone una medida de coerción que implique su privación de la libertad.