Causa AMT: la jueza define si allana la sede gremial y los jueces ya preparan más denuncias
¿Qué pasará si la AMT no entrega el inventario que le exige la Justicia? La jueza Yamuss evalúa una medida inédita sobre la sede gremial, mientras otros jueces preparan más presentaciones. La interna estalló por los números del balance.
La causa por el manejo de las cuentas de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) entró en una etapa decisiva. La jueza civil Inés Yamuss, que quedó al frente del expediente tras la recusación contra Pedro Yane Mana, recibió parte del material pedido a la entidad, pero las piezas centrales de la orden judicial todavía no llegaron.
Según pudo saber este medio a través de fuentes judiciales con acceso al trámite, la conducción que encabeza el vicepresidente en ejercicio Jorge Jakobsen no entregó aún el inventario detallado que el tribunal le exigió de manera taxativa para individualizar comprobantes y respaldos. Con ese faltante sobre la mesa, la magistrada se prepara para revisar minuciosamente las actuaciones y definir los próximos pasos. No está descartado que ordene el secuestro compulsivo de toda la documentación si la asociación no completa lo que falta.
Un martes con los tribunales abiertos y la interna caliente
A la definición procesal que se espera en el juzgado se suma otro frente de alta tensión en los pasillos de Tribunales. Desde este martes podrían ingresar nuevas presentaciones de otros jueces que se sumarían formalmente a los reclamos por transparencia contable. La versión circula con fuerza entre los propios magistrados y apunta a que más de uno seguirá los pasos de los dos impulsores del caso.
El origen: la asamblea que se aprobó a libro cerrado
El expediente nació con la demanda de nulidad e impugnación de asamblea que presentó la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Ana María Iácono. La magistrada denunció que la cúpula institucional le impidió revisar facturas y recibos con antelación a la asamblea del 23 de abril de 2026, donde se terminó aprobando la memoria y el balance del ejercicio 2025 a libro cerrado y con un dictamen de apenas dos párrafos de la Comisión Revisora de Cuentas.
En su presentación, Iácono sospechó de un eventual "dolo por omisión" para ocultar desvíos o malversación de fondos y dejó planteada la reserva de exigir responsabilidades patrimoniales a los directivos. Eso derivó en una cautelar de Yane Mana que ordenó entregar todos los libros contables, extractos bancarios y facturas del período en 48 horas, bajo apercibimiento expreso de secuestro.
Jakobsen, a cargo de la entidad por la licencia temporaria de la titular Marcela Ruiz, aseguró que iban a cumplir con la orden y sacó un comunicado institucional afirmando que habían presentado "la totalidad de la documentación obrante" en su poder. Sin embargo, la estrategia de la AMT tomó otro rumbo: recusó sin causa a Yane Mana. El apartamiento obligó a sortear la causa hasta que recayó en Yamuss, una jueza especializada en temas económicos.
Café millonario, prepagas y el frente que abrió Ortega
La pelea por el balance 2025 no es el único dolor de cabeza para las arcas de la AMT. En paralelo, el juez penal Gonzalo Javier Ortega mantiene un duro ida y vuelta epistolar con la Comisión Directiva reclamando una rendición de cuentas integral por el ejercicio 2024, año en el que aportó su cuota societaria antes de desafiliarse.
A través de notas, Ortega pidió explicaciones por partidas que calificó de "desproporcionadas": más de 20 millones de pesos en "comestibles y cafetería" (incluso reclamó saber cuántos kilos de café se compraron y qué contratos de provisión existían), pagos millonarios a prepagas como Swiss Medical, OSDE y ASUNT, consumos de farmacia por más de $10 millones y pagos a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) por más de $7 millones.
La respuesta de la asociación fue terminante. Mediante escritos firmados por Jakobsen y la secretaria Luciana Eleas el 12 de agosto y el 29 de septiembre, la conducción rechazó los pedidos alegando que la renuncia de Ortega extinguió cualquier facultad de control, porque "no existe en nuestro ordenamiento la figura del 'asociado por el pasado'". También sostuvo que auditar comprobantes de terceros violaría la ley de protección de datos personales y descartó que haya un manejo irregular o una acefalía institucional.
Ortega contraatacó con una denuncia por presuntos baches de representación legal entre 2022 y 2024 ante la Dirección de Personas Jurídicas, y amenazó con demandas de responsabilidad y denuncias penales por administración fraudulenta.
La pelota está en el despacho de Yamuss
Con los tribunales abiertos desde este martes, la interna entre pares promete sumar nuevos capítulos. La decisión inmediata, sin embargo, está en manos de la jueza Yamuss: de cómo valore el material recibido dependerá si otorga un último plazo para completar el inventario o si la Justicia provincial avanza con una medida de fuerza inédita y allana la sede de su propia entidad gremial para secuestrar las carpetas. Todo esto en un año eleccionario que se recalentó en los últimos meses y cuyas consecuencias todavía son inciertas.
