Catriló compró cámaras de seguridad: tres años después, el Concejo quiere saber dónde están las que faltan

Se aprobó por unanimidad el pedido de informes, pero lo que el Concejo quiere saber no es solo cuántas cámaras funcionan: también cuántas compradas con fondos públicos siguen guardadas, sin instalar, más de tres años después.

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Catriló compró cámaras de seguridad: tres años después, el Concejo quiere saber dónde están las que faltan
Catriló compró cámaras de seguridad: tres años después, el Concejo quiere saber dónde están las que faltan

El Concejo Deliberante de Catriló aprobó por unanimidad un pedido de informes para saber cuántas cámaras de seguridad funcionan, cuántas están fuera de servicio y cuántos equipos comprados con fondos públicos todavía no se instalaron. La iniciativa se trató en la última sesión, realizada el miércoles.

El proyecto lo presentaron los bloques del Frejupa y Juntos por el Cambio y, pese a que hubo ausencias, contó con el respaldo del oficialismo, representado por Comunidad Organizada. La intención es obtener datos sobre los dispositivos adquiridos por el municipio, su situación actual y qué medidas prevé el Departamento Ejecutivo para terminar de colocarlos.

Qué piden puntualmente

Los ediles quieren que el Ejecutivo detalle cuántas cámaras se instalaron en el casco urbano de Catriló, cuántas operan con normalidad y cuántas están fuera de servicio.

También reclamaron precisiones sobre la cantidad de equipos que aún no fueron colocados y que figuran en el inventario de la Ordenanza Municipal 34/22. Sobre esos dispositivos, el pedido incluye el detalle de cantidades y condiciones, el lugar donde permanecen resguardados y la persona responsable de su custodia.

El argumento de la oposición

El planteo impulsado por los concejales opositores pone el foco en que se trata de bienes y equipamiento tecnológico adquiridos con fondos públicos de origen municipal, provincial y nacional. Para los ediles, es necesario garantizar la transparencia sobre el destino y la utilización de esos recursos, en cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

Otro de los ejes es el tiempo transcurrido: pasaron más de tres años y los autores del pedido advirtieron sobre el riesgo de que la tecnología adquirida quede obsoleta antes de ser puesta en funcionamiento, lo que afectaría su utilidad.

En ese marco, solicitaron información sobre las acciones previstas y los plazos estimados para completar los trabajos, de acuerdo con el convenio firmado con el Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión municipal anterior.

Por último, los bloques reclamaron una respuesta dentro de los plazos reglamentarios para conocer el estado de los dispositivos y los planes oficiales para terminar la instalación.

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