Catamarca ya tiene registro de agresores sexuales: el detalle que cambia todo para quien busca trabajo con chicos

La Cámara de Senadores de Catamarca sancionó la Ley 5967, que crea el Registro Público Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. La norma centralizará los datos de quienes tengan sentencia por delitos previstos en el Libro Segundo, Título III del Código Penal y funcionará en el ámbito del Poder Judicial, bajo la órbita de la Corte de Justicia provincial. Esa corte será la autoridad de aplicación y tendrá 180 días desde la publicación en el Boletín Oficial para reglamentarla.

El proyecto original fue impulsado por los diputados Exequiel Moreno y Natalia Saseta. En sus fundamentos sostuvieron que la protección de las víctimas de delitos contra la integridad sexual es prioridad en toda sociedad democrática y que el registro les dará a las autoridades información precisa para adoptar medidas de prevención y control. También plantearon que Catamarca complementa así la Ley Nacional 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos sexuales, pero limitado a la identificación genética.

Cómo funciona la inscripción

La inscripción será provisoria desde la sentencia de primera instancia y pasará a definitiva cuando la condena quede firme. Los reincidentes quedarán inscriptos de manera permanente y vitalicia. La ley prevé dos niveles de acceso: un portal web de consulta libre y gratuita con nombre, foto, delito, tribunal interviniente y si la sentencia está firme o recurrida, pero sin domicilio; y un acceso completo —domicilio, DNI y perfil genético— reservado a autoridades judiciales, al Ministerio Público y a organismos públicos en ejercicio de sus funciones.

La norma también crea el Certificado Registral Negativo, obligatorio para cargos docentes, tareas de cuidado de niños, adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores, actividades deportivas o culturales con menores y designaciones en los tres poderes del Estado. No exigirlo será considerado falta grave.

Los plazos mínimos de inscripción son de 30 años cuando el delito se cometió contra un niño, niña, adolescente o persona con discapacidad, y de 20 años en los demás casos, contados desde la sentencia de primera instancia. Cumplidos esos plazos, la persona podrá pedir la revisión de su situación ante el juez interviniente. Una disposición transitoria alcanza a condenas anteriores a la ley: los tribunales deberán relevar de oficio, dentro de los 60 días de reglamentada la norma, las sentencias contra personas que aún cumplan pena, estén en libertad condicional o asistida, prisión domiciliaria o con condena de ejecución condicional.

Las cifras que explican la urgencia

Los delitos contra la integridad sexual no solo dejan marcas en el cuerpo: afectan profundamente la psiquis de quienes los sufren. Entre 2014 y 2023, las denuncias en la Primera Circunscripción Judicial —Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo— crecieron un 238 por ciento. En 2014 se registraron 167 denuncias, en su mayoría por abuso sexual. En 2023 la cifra llegó a 565: 484 por abuso, 41 por acoso, 29 por exhibiciones obscenas y 11 por grooming, delito incorporado al Código Penal en 2013.

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, niños, niñas y adolescentes representan el 58 % de las víctimas de abuso sexual en el país, y seis de cada diez víctimas son niñas. En el 85 % de los casos, el agresor es una persona cercana a la víctima.

Fiscales de las Cámaras de Sentencia en lo Criminal consultados oportunamente por El Ancasti señalaron que en los casos que llegan a juicio se advierte un incremento de situaciones intrafamiliares y de abusos crónicos, sostenidos en el tiempo por la cercanía y la confianza que la víctima tiene con su agresor. Coincidieron en que rara vez el agresor es un desconocido.

Los fiscales remarcaron que los agresores suelen actuar con cautela: ganan la confianza de la víctima y de su entorno con gestos de cercanía, para luego aislarla de su familia y amigos, lo que dificulta que la situación se conozca. Por eso insistieron en que el diálogo abierto y sostenido dentro de la familia es una de las principales herramientas para detectar señales de alerta a tiempo.

En números

238 % de aumento de denuncias por delitos contra la integridad sexual entre 2014 y 2023 en la Primera Circunscripción Judicial.

565 denuncias por estos delitos en 2023, contra 167 en 2014.

85 % de los casos, el agresor es una persona cercana a la víctima, según datos nacionales.

87 % de los delitos sexuales no llega a denunciarse, según la Encuesta Nacional de Victimización.