Catamarca bajó la imputabilidad a los 14 años: el detalle que la oposición no perdona

La Cámara de Diputados de Catamarca convirtió en ley la adecuación del fuero procesal local a la normativa nacional y fijó la responsabilidad penal de los adolescentes a partir de los 14 años. La jugada la impulsó el oficialismo que responde a Raúl Jalil y encendió una disputa con la oposición, organismos de derechos humanos y el propio fuero de menores.

La defensa del proyecto quedó en manos de la diputada oficialista María Argerich, durante la decimoquinta sesión ordinaria. La legisladora sostuvo que los cambios sobre la ley provincial buscan construir una "respuesta institucional" frente a conductas tipificadas como delito cometidas por menores.

El frente de conflicto que se abrió

El rechazo no tardó en aparecer. Desde la oposición y distintos espacios de la sociedad civil advirtieron que bajar la edad punible no frena los índices delictivos ni resuelve la vulnerabilidad social de fondo que atraviesa la provincia.

El otro eje de las críticas apunta a la infraestructura: el sistema penal catamarqueño no cuenta con los edificios ni con los dispositivos socioeducativos necesarios para albergar y contener a chicos de 14 años. En ese marco, alertaron que privar de la libertad a jóvenes sin contención integral ni herramientas de reinserción solo profundiza los circuitos de exclusión.

Qué dice la ley nacional que sigue Catamarca

A principios de septiembre de este 2026, el Gobierno de Javier Milei reglamentó la Ley del Régimen Penal Juvenil N° 27.801, que arma un nuevo marco jurídico para adolescentes de 14 a 17 años, habilita procesos penales desde los 14 y redefine sanciones, supervisión y derechos de las víctimas.

La entrada en vigor de la norma llega en un escenario de incertidumbre en los juzgados de menores de varias jurisdicciones, que plantean dudas sobre la infraestructura de alojamiento, el personal técnico idóneo, la cantidad de dispositivos de monitoreo electrónico y los supervisores especializados.

El decreto 875/26, firmado por el presidente Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques, habilita la judicialización de adolescentes desde los 14 años por delitos previstos en el Código Penal, aunque bajo un sistema especial. Según el texto oficial, contempla condenas, medidas alternativas y, en casos determinados, privación de la libertad.

La norma también creó el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, integrado por los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Cada cartera designará representantes con rango mínimo de director nacional.

Entre sus funciones, el comité deberá elaborar lineamientos comunes en prevención y reinserción, intercambiar información estadística y técnica, y emitir recomendaciones no vinculantes. Además, coordinará la ejecución de las penas alternativas previstas en la ley.