Caso Mandagaray: el STJ dejó firmes las condenas y las defensas ya no tienen más recursos

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro puso punto final a la discusión judicial por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray. Rechazó las quejas de las defensas y las condenas quedaron firmes.

El máximo órgano judicial de la provincia consideró que el Tribunal de Impugnación, con su nueva integración, cumplió con el mandato de realizar una revisión integral y exhaustiva del caso, tal como se le había ordenado en dos oportunidades anteriores.

¿Qué dijo el STJ en su fallo?

En la resolución, el STJ destacó que el fallo del Tribunal de Impugnación organizó su análisis de manera sistemática y pormenorizada. Abordó la acusación y el principio de congruencia, valoró la prueba producida en el debate oral, examinó la calificación legal del abuso de autoridad, analizó individualmente la posición de cada acusado, se pronunció sobre el concurso real y fundó la determinación de la pena para cada condenado.

El órgano revisor expresó sus propias razones con sustento en la prueba del juicio y en la doctrina legal aplicable, sin limitarse a repetir lo ya resuelto. Para el STJ, esa labor satisface plenamente lo dispuesto.

¿Quiénes son los condenados?

La resolución alcanza a Alejandro Gabriel Gattoni, Alfredo Roberto Nahuelcheo, Marcelo Ariel Contreras y Maximiliano Ariel Vitali Méndez. El Tribunal de Impugnación que revisó las sentencias estuvo integrado por Romina Lía Martini, Alejandra Berenguer y Sandro Gastón Martín.

¿Qué cuestionaron las defensas?

Las defensas habían planteado, entre otros puntos, la violación del principio de congruencia, la responsabilidad atribuida a cada acusado, la relación entre sus conductas y el resultado, la calificación jurídica, el concurso de delitos y las penas impuestas. Sin embargo, el STJ concluyó que sus presentaciones no lograron demostrar un error en la decisión que rechazó los recursos extraordinarios.

Además, señaló que los cuestionamientos reiteraban planteos vinculados con la valoración de la prueba y las conclusiones jurídicas que ya habían recibido respuesta.

Con esta decisión, se agotaron las instancias provinciales de revisión de las condenas.