Caso Ilda Goyochea: la Justicia decidió la suerte de los dos acusados y nadie lo esperaba

En un giro inesperado dentro de la causa por la muerte de Ilda Goyochea, el Juzgado de Instrucción N.º 1 de La Rioja resolvió que los dos imputados sigan el proceso desde sus casas. La medida, que reemplaza la prisión preventiva, incluye duras restricciones y un estricto control policial.

La decisión fue tomada el 14 de agosto por el juez subrogante, Dr. Daniel Barría, quien además ordenó el secreto de sumario para evitar que la investigación se vea afectada por la exposición mediática.

¿Por qué el juez ordenó la reserva total?

En la resolución, el magistrado advirtió que la fuerte mediatización del caso podría perjudicar el esclarecimiento de los hechos. Por eso, dispuso que las partes no divulguen ninguna diligencia procesal a terceros ajenos al expediente, tal como establece el artículo 214 del Código Procesal Penal de La Rioja.

La restricción regirá hasta que concluya la investigación. Mientras tanto, se seguirán tomando declaraciones: ya hay dos testigos citados para la próxima semana, con audiencias fijadas para avanzar en la producción de pruebas.

¿Qué argumentos pesaron para la prisión domiciliaria?

La defensa de los imputados había solicitado la excarcelación, y el Ministerio Público Fiscal ya se había pronunciado al respecto. Tras analizar los argumentos, el juez Barría resolvió morigerar la medida de coerción, aplicando el artículo 333 del Código Procesal Penal.

Entre los motivos que tuvo en cuenta, se destacan el arraigo familiar y laboral acreditado, la falta de antecedentes penales computables, la actitud colaborativa de los acusados y la presentación de bienes registrables como caución real. El magistrado consideró que los riesgos procesales podían neutralizarse sin necesidad de mantenerlos en un centro de detención.

Las reglas que deberán cumplir sí o sí

La prisión domiciliaria se cumplirá en los domicilios que los imputados informaron, con condiciones obligatorias. No podrán mudarse ni ausentarse sin autorización judicial previa y escrita.

Tampoco podrán tener contacto con testigos, la víctima, querellantes o sus familiares. La prohibición alcanza a llamadas, mensajes, redes sociales, correo electrónico o cualquier vía de comunicación, incluso a través de terceros.

La policía de cada jurisdicción será la encargada de controlar el cumplimiento, con rondas periódicas y la obligación de reportar cualquier anomalía al tribunal.

¿Qué pasa si no cumplen?

Si los imputados desobedecen las reglas, se exponen a graves consecuencias. El juez les hará saber que un incumplimiento injustificado puede ser considerado desobediencia a la autoridad, según el artículo 239 del Código Penal, y derivar en la revocación inmediata de la prisión domiciliaria y el regreso al establecimiento de detención.