Caso Érika Álvarez: piden juicio oral para "El Militar" Sosa y la fiscalía busca seis años para un encubridor

La fiscalía pidió formalmente la apertura del juicio oral en la causa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, la estudiante de enfermería de 25 años cuyo cuerpo apareció en un basural de Manantial Sur el 8 de enero. El requerimiento fue presentado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, con la auxiliar Carolina Brito Ledesma.

La acusación apunta a Felipe "El Militar" Sosa (50) como autor del femicidio, mientras que Justina Gordillo (48) y Jorge Orlando "Chicho" Díaz (41) están imputados como encubridores. Un cuarto involucrado, Nicolás Navarro Flores (37), ya fue condenado el 29 de julio a tres años de prisión efectiva por juicio abreviado.

Una prórroga y una condena pedida

En una audiencia realizada este jueves 27 de agosto, la Justicia prorrogó por dos meses la prisión preventiva de Díaz, que seguirá alojado en la unidad penitenciaria de Benjamín Paz. La defensa había solicitado el arresto domiciliario, pero el juez avaló el planteo de la Fiscalía ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento.

Para Díaz, el Ministerio Público Fiscal adelantó que pedirá una condena de seis años de prisión efectiva, la pena máxima para el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real.

Las pruebas de ADN que complican a Sosa

Entre las pruebas incorporadas al expediente, las pericias científicas detectaron una superposición del perfil genético de Sosa y de Álvarez en la bolsa de consorcio que cubría el cuerpo de la víctima, tanto en su parte interna como externa. También hallaron material genético de ambos en la cinta adhesiva que Sosa habría usado para taparle la cabeza a la joven.

La hipótesis fiscal reconstruye el ataque entre el 7 y el 8 de enero en la casa de Sosa, en calle Santo Domingo 1100, de Yerba Buena. Según la acusación, el hombre golpeó violentamente a la víctima y le causó la muerte por un traumatismo cráneo-facial y cervical. El cuerpo fue hallado al día siguiente por un recolector de residuos, envuelto en bolsas negras, con nudos de estilo militar y la mandíbula dislocada.

La red de encubrimiento

Pocas horas después del crimen, "Chicho" Díaz habría llegado a la vivienda de Sosa en una camioneta Chevrolet S10 negra con el logo de la empresa "Mundo Limpio". Su tarea habría sido limpiar la escena, eliminar huellas y hacer desaparecer el celular de Érika. Al retirarse, a las 17:10, se llevó un arsenal: una pistola Glock calibre 40, una escopeta calibre 12 y municiones.

Por su parte, Gordillo enfrenta cargos agravados por actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública.

La sombra del narcotráfico

Ocho días después del hallazgo del cuerpo, Sosa fue capturado por la Policía Federal en un country de Pilar, Buenos Aires, cuando intentaba fugarse con su pasaporte y una motocicleta de alta gama valuada en 50 millones de pesos, comprada en efectivo. La querella denunció desde el inicio los vínculos de Sosa con el narcotráfico y con sectores del poder político y judicial.

Los antecedentes de "El Militar" muestran una contradicción en el fuero federal: en junio de 2023, la policía desbarató un invernadero de marihuana a escala industrial en una propiedad de Yerba Buena vinculada a Sosa, con 162 plantas, prensas hidráulicas y tabletas compactadas de cannabis. Sin embargo, el 10 de abril de 2025, el juez federal José Manuel Díaz Vélez lo sobreseyó al considerar que no se demostraba "finalidad lucrativa" y le restituyó el equipamiento.

La Cámara Federal de Tucumán revocó ese sobreseimiento y ordenó su procesamiento el 17 de marzo de 2026, pero la resolución llegó tarde. Si la Justicia Federal hubiera aplicado los mismos criterios que usa con otros ciudadanos por infracciones menores, Sosa habría estado preso cuando Érika fue asesinada.