Caso Érika Álvarez: la jueza le puso precio a la libertad de "Chicho" Díaz y su abogado ya avisó que no tiene con qué pagarlo

La jueza Jimena Suárez resolvió otorgarle el arresto domiciliario a Jorge "Chicho" Díaz, imputado como encubridor en el femicidio de Érika Antonella Álvarez, pero le impuso una caución real de $20 millones que su defensa anticipó que será difícil de reunir.

La decisión se tomó durante una audiencia de impugnación y significó un revés para el fiscal Pedro Gallo y el querellante Carlos Garmendia, que habían pedido que Díaz siguiera alojado en una dependencia penitenciaria.

Qué pesó en la resolución

El abogado defensor Juan Pablo Bello sostuvo que su asistido no tiene medios ni tampoco conductas que permitan sospechar que pueda entorpecer la investigación preparatoria. La jueza hizo lugar a ese planteo, aunque fijó una fianza inferior a la que se había pedido en un principio.

"Vamos a tratar de conseguir ese valor; es muchísimo dinero para un jardinero y mecánico que no trabaja desde hace varios meses", remarcó Bello tras conocerse la resolución.

El rol que se le atribuye a Díaz

Según el expediente, Érika Álvarez fue asesinada el 7 de enero de 2026 en una vivienda de Yerba Buena y su cuerpo apareció días después en un descampado de Manantial Sur.

Díaz, que se desempeñaba como empleado de confianza del empresario, está acusado de haber colaborado en la alteración de rastros y en la logística posterior al hecho. En la causa principal, Felipe "El Militar" Sosa sigue procesado con prisión preventiva como autor material del homicidio agravado por violencia de género.

Cómo están los otros imputados

Justina Gordillo, funcionaria judicial y expareja de Sosa, cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica después de haber cubierto una caución de $30 millones.

Nicolás Navarro Flores, amigo personal de Sosa, ya fue condenado a tres años de prisión efectiva tras reconocer su culpabilidad en un acuerdo de juicio abreviado.

Audiencias y cambios en el reclamo civil

Los tribunales provinciales avanzan con las audiencias preliminares y la expectativa de llegar al debate oral y público antes de fin de año.

En las últimas semanas también se modificó la acción resarcitoria: a pedido del defensor de Sosa, Marcelo Cosciansi, la Justicia excluyó a los hermanos de Érika del reclamo patrimonial, con lo que la pretensión civil original de $500 millones quedó reducida a la mitad.

Además, trascendió que el propio Sosa reconoció haber descartado el cuerpo de la víctima en el predio de Manantial Sur y argumentó ante los estrados que lo hizo por temor a represalias de la expareja de la joven.