Caso Cecilia Lazcano: la querella no se queda quieta y va por la domiciliaria de la imputada
Un sargento de la Policía de Corrientes, una menor imputada y una pista que el fiscal descartó: la querella impugnó la domiciliaria y pide que un juez de garantías defina en los próximos días.
La causa por el homicidio de Cecilia Lazcano en Alvear sumó un nuevo capítulo de alta tensión: la querella que representa al abogado Juan Saucedo impugnó la prisión domiciliaria que mantiene a la menor imputada de instigar el crimen bajo custodia de sus padres. La apelación ya está en manos de un juez de garantías, que deberá resolver en los próximos días.
El planteo no es menor. La defensa de la familia de la víctima sostiene que la medida vigente no ofrece garantías reales de aislamiento frente a los testigos, sobre todo teniendo en cuenta que el padre de la acusada es sargento de la Policía de Corrientes. Para los querellantes, esa combinación es un riesgo concreto de contaminación de pruebas.
Las tres puntas que la querella pone bajo la lupa
El escrito de impugnación apunta contra varios frentes. El primero es la propia domiciliaria: consideran que la menor no debería permanecer en su casa sin mecanismos efectivos que impidan el contacto con personas que declararán en la causa.
El segundo es la pista de un tercer implicado. Saucedo cuestiona que el fiscal Facundo Cabral haya descartado "livianamente" la mención de un sospechoso apodado "Max", familiar de la madre de la acusada. La querella alerta además sobre la posible participación de adultos detrás de los chats que se investigan.
El tercer punto es la recusación. Los querellantes denuncian falta de entrecruzamiento integral de celulares y un pedido informal de dispositivos a la familia. Por eso anticiparon que exigirán apartar al fiscal Cabral ante el Superior Tribunal correntino.
El homicidio de Cecilia Lazcano ocurrió hace casi dos meses en Alvear, y desde entonces la causa contra la fiscalía de Santo Tomé escaló a un nivel de máxima tensión. Las demoras investigativas y el supuesto trato preferencial hacia la imputada son parte del reclamo que ahora deberá dirimir la Justicia.