Cánticos, una denuncia y el fantasma de la criminalización: gremios se plantan por el caso Mansilla

El Frente Sindical de Santa Cruz salió a respaldar a Adriana Mansilla y a cuestionar el proceso judicial en su contra, originado en una denuncia por “daños e injurias” que presentó Sergio Pérez Soruco cuando estaba al frente de la Caja de Servicios Sociales (CSS). La causa se abrió a raíz de los cánticos que Mansilla encabezó durante una movilización contra la reducción del vademécum de medicamentos de la obra social de los empleados públicos provinciales.

La secretaria adjunta de ADOSAC, Adriana Astolfo, fue la voz de las entidades gremiales en conferencia de prensa. Allí cuestionó el avance de la causa y sostuvo que afecta derechos básicos: “esto es criminalización de la protesta social”, disparó.

El derecho a expresarse

Astolfo puso el acento en el contexto de la protesta. “Si hay un derecho que tiene la ciudadanía que vive en democracia es el derecho a la expresión, a la protesta frente a situaciones que consideramos injustas”, remarcó, y subrayó que la manifestación se hizo contra una medida que perjudicaba a miles de afiliados de la CSS. “El hecho de expresarse en el marco de una situación que perjudica a miles de afiliados y afiliadas, en ese momento y ahora, debemos decir que está en ese concepto de derecho de expresión”, afirmó.

La dirigente recordó que el reclamo gremial excedía la reducción del vademécum: también incluía “el retraso de derivaciones y corte de servicio por falta de pago”. Según planteó, esos problemas “al día de hoy se han agravado muchísimo y no hay soluciones”.

Un precedente que preocupa

Para Astolfo, el proceso contra Mansilla puede marcar un antes y un después para las protestas. “Se debe considerar que este proceso forma parte de un ataque a la posibilidad de tener la libertad de expresarnos. Si esto avanza, deja un antecedente muy grave para otros, porque está en el marco de una criminalización de la protesta”, advirtió.

La representante de ADOSAC vinculó esta situación con las sanciones que, según denunció, se vienen aplicando sobre distintos gremios, en un escenario de deterioro económico y de crisis del sistema de salud. “La persecución y las sanciones que se ejecutan a nuestros gremios tiene que ver con esto, con la realidad de la provincia y el país. La situación económica de los trabajadores es muy grave y el estado de la salud es muy grave y necesita una revisión”, expresó.

Finalmente, Astolfo rechazó que las acciones de protesta sean tratadas como delitos y defendió las herramientas sindicales. “No debemos enmarcar la protesta como un delito. Marchas y movilizarse, presentar petitorios, presentar denuncias no es delito. Es el derecho a la protesta y a comunicar a la ciudadanía sobre los procesos de lucha que se realizan por una salud digna”, concluyó.