Cannava ya no es sociedad del Estado: la firma que controla el cannabis jujeño cambió de traje y crecen las sospechas

La empresa estatal de cannabis de Jujuy dejó de ser lo que era. Con la publicación del nuevo contrato societario en el Boletín Oficial N° 119, Cannava S.E. quedó transformada en Cannabis Avatara Sociedad Anónima Unipersonal (CANNAVA S.A.U.), un cambio de figura jurídica que para la oposición modifica de cuajo quién controla los fondos y los cultivos.

La formalización llegó a través de la Resolución N° 775-DPSC-2026 de la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales y el Decreto P.E. N° 5951-JG, amparados en la Ley General de Sociedades N° 19.550. Para la abogada y referente del Movimiento Popular Jujeño (MPJ), Cristina Guzmán, se trata de una maniobra que debilita la fiscalización y pone en riesgo la trazabilidad de los recursos.

De la Auditoría General a un control acotado

El argumento central de la denuncia apunta al esquema de contralor. Según Guzmán, las sociedades del Estado deben rendir cuentas ante el Ministerio competente, la Fiscalía de Estado y la Auditoría General. Con la conversión a S.A.U., en cambio, la firma pasa a ser fiscalizada únicamente por la Dirección Provincial de Sociedades Comerciales, un organismo que depende de la propia Fiscalía de Estado.

La dirigente remarcó el contrasentido: el capital social de Cannava sigue siendo 100% estatal, pero los mecanismos de revisión externa se reducen. "No sabemos si con este cambio pretenden 'lavar todo'. Es como que en la reunión de directorio dieron por aprobado todo y ahora se decide ser una SAU. Sobre lo anterior es como decir 'listo, ya está, ahora empieza borrón y cuenta nueva'", disparó Guzmán en declaraciones a Radio 2.

Producción bajo llave y fondos sin rastro

Durante la cobertura también quedó expuesto el hermetismo en torno a los números reales de la empresa. Si bien el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, aseguró conocer los volúmenes de producción de aceite de cannabis, esa información no es pública ni está publicada oficialmente.

A esa opacidad se suman los interrogantes sobre las transferencias millonarias que la gestión provincial giró a la administración saliente de Gastón Morales. "¿Dónde está la trazabilidad? ¿Qué pasa con los recursos y qué pasó con las semillas?", planteó la referente del MPJ.

Plantaciones sin habilitación: El Pongo y El Remate

En el plano operativo, Guzmán volvió a advertir sobre la existencia de cultivos de cannabis que no contarían con las habilitaciones de organismos nacionales como los ministerios de Seguridad y de Salud. Diferenció la situación del predio habilitado en Finca El Pongo de otras plantaciones, como la de Finca El Remate, que carecerían de autorizaciones e inspecciones oficiales.

La dirigente subrayó que los cultivos a gran escala exigen guardia armada las 24 horas y supervisión permanente para evitar que la producción o las semillas terminen desviadas hacia circuitos no regulados.