Cannava se llevó casi USD 100 millones y en Jujuy hay 64.600 familias sin casa propia

La empresa estatal Cannabis Avatara S.E. (Cannava) acumuló un flujo de fondos públicos y divisas que roza los 100 millones de dólares, mientras en Jujuy 64.600 familias no tienen vivienda propia y más de 86.000 personas están endeudadas, según datos difundidos por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la CTA “Frente Barrial”.

El contraste entre el multimillonario desembolso en el proyecto estatal y la falta de soluciones habitacionales o mejoras salariales encendió la alarma en distintos sectores políticos y sociales de la provincia.

Una crisis habitacional que no es estimación

En mayo de este año, la CTA “Frente Barrial” presentó en la Legislatura un proyecto para declarar la Emergencia Habitacional en Jujuy. Marcelo Cavero, referente de la organización, precisó que 64.600 familias no tienen vivienda propia y que el déficit real supera las 60.000 unidades.

Los números surgen del cruce de inscriptos en el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), relevamientos en barrios populares y medidores de luz por hogar. En ese contexto, el 61% de los niños y niñas jujeñas vive bajo la línea de pobreza.

La crítica al IVUJ apunta a que abandonó su función social: al exigir dos garantes con recibo de sueldo en una provincia con altísima informalidad, feriantes y emprendedores quedan automáticamente excluidos del acceso a un techo.

El endeudamiento de las familias jujeñas

Según un informe del CEPA publicado el 9 de septiembre de 2026 con datos a julio, 86.618 jujeños están en situación de mora considerando bancos y proveedores no financieros de crédito (billeteras virtuales). La morosidad alcanza al 15,7% de las familias con crédito en la provincia y escala al 31,6% en el caso de las billeteras virtuales, donde 45.448 personas mantienen deudas irregulares exclusivamente con este tipo de plataformas.

La ingeniería financiera de Cannava

El análisis de la cronología financiera de Cannava expone una capitalización continua desde su creación. El “Universo Financiero” movilizado alrededor de la empresa pública, gestado inicialmente bajo la conducción de Gastón Morales y continuado por la gestión de Fernando Bruera, asciende a un total acumulado de USD 99,9 millones, cifra que supera los $150.739 millones de pesos al tipo de cambio de referencia habitual.

El desglose de esta ingeniería de recursos se compone de estos pilares:

- Fondos públicos directos identificados: USD 22,9 millones inyectados a través de transferencias presupuestarias directas y aportes irrevocables de capital.

- Crédito público autorizado: USD 77 millones aprobados mediante autorización legislativa de endeudamiento público entre 2021 y 2023.

- Aportes irrevocables recientes: Transferencias documentadas en el Boletín Oficial, como la asignación de $2.610 millones oficializada mediante el Decreto Nº 243-E/2024 a fines de 2024.

A pesar de la envergadura de estas erogaciones, la falta de transparencia contable sigue siendo el principal cuestionamiento. A la fecha, Cannava no ha presentado la rendición de cuentas completa ante la Auditoría General de la Provincia, manteniendo el ejercicio contable correspondiente al año 2024 en estado vencido e incumplido. A esta opacidad se suma el estatus de “confidencial” bajo el cual figuran las exportaciones de productos primarios de la provincia en los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

“¿Qué se podría hacer con USD 100 millones?”: las críticas de Cristina Guzmán

La exlegisladora y referente del Movimiento Popular Jujeño (MPJ), Cristina Guzmán, apuntó duramente contra el destino de estos fondos públicos durante su intervención en el programa televisivo Sobremesa, cuestionando el verdadero retorno social del emprendimiento.

“Yo le doy 100 millones de dólares. Usted dígame: ¿qué ha hecho con esos 100 millones de dólares? ‘Ah, me dicen, tengo un laboratorio brutal, tengo tantas plantas’. ¿Y eso para la gente qué es?”, inquirió Guzmán.

La dirigente enfatizó la brecha entre las inversiones en la firma estatal y la realidad que afrontan las familias jujeñas en materia habitacional y salarial:

“Estamos hablando de 100 millones de dólares, jujeños... que se lo sacaron del salario de cada uno de los jujeños, que lo sacaron de la posibilidad de que pueda prosperar su familia y nos están endeudando cada vez más”, aseveró.

“Esto puede equivaler a 3.600 viviendas, que imagínese... Y mientras tanto, la gente no recibió nada. ¿Qué nos dio a los jujeños? ¿Qué podríamos haber hecho? Mientras tanto, sabemos la situación dolorosísima de los salarios de los sectores indispensables de los cuales el Estado debe velar: salud, los salarios de los médicos, educación... todo precarizado”, concluyó la referente del MPJ.

Trazabilidad de los decretos y el respaldo documental

El esquema financiero planteado por la oposición y analistas locales encuentra sustento en las diversas publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy a lo largo de los últimos ejercicios fiscales:

- Endeudamiento por USD 77 millones: Enmarcado en las facultades otorgadas por la Ley de Presupuesto Nº 6.214 y sus modificaciones, autorizando la toma de crédito público con garantía de coparticipación para el desarrollo de la infraestructura agroindustrial de la empresa.

- Capitalización inicial (2018): Decretos reglamentarios derivados de la Ley Nº 6.012 de creación de Cannava, con desembolsos iniciales para obras de acondicionamiento en la Finca El Pongo equivalentes a USD 10 millones.

- Desembolsos operativos (2020-2024): Decretos de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Hacienda que transfirieron partidas sucesivas clasificadas contablemente como “Inversión Financiera - Aportes de Capital”, alcanzando un acumulado en fondos públicos directos de USD 22,9 millones.

El debate continúa abierto en la sociedad jujeña: mientras desde el Ejecutivo provincial se defiende el proyecto como un avance tecnológico y agroindustrial a largo plazo, la oposición y los vecinos exigen un cambio radical de prioridades que ponga el foco en el acceso a la vivienda digna, la recomposición salarial y la plena transparencia en el uso de los fondos públicos.